Un trabajador de una gestoría se enfrenta a una pena de tres años de prisión por realizar falsos contratos de trabajo a un centenar de inmigrantes para que obtuvieran el permiso de residencia en España. La Fiscalía le imputa un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de estafa continuada.

El acusado, «guiado por el ánimo de lucro, en algunos casos, y en otros por ayudar», según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, aprovechó que trabajaba en una gestoría para hacerse con los datos de dos empresas con los que simuló al menos 113 contratos de trabajo inexistentes.

Ninguna de las dos empresas que aparecían en los contratos emplearon nunca a los inmigrantes, pero éstos consiguieron permiso de residencia en España, acreditando el arraigo con los documentos que fueron falseados por el acusado. El empleado de la gestoría cobró supuestamente a los inmigrantes cantidades de dinero que oscilaban entre 300 y 500 euros, pero otros extranjeros no les cobró suma alguna por los contratos.