LUIS AYLLÓN

MADRID. Las autoridades brasileñas impidieron en la noche del lunes a otros seis españoles la entrada en Brasil, con lo que ya son una veintena los ciudadanos de nuestro país que han sido rechazados a su llegada a aeropuertos brasileños en los últimos cinco días.

La medida parece ser consecuencia del malestar que ha provocado en el Gobierno y en la sociedad brasileña el volumen de repatriaciones de viajeros procedentes de Brasil a su llegada a España, que consideran muy elevado. Según fuentes españolas, en 2007, llegaron por el aeropuerto de Barajas más de 127.000 brasileños, de los que unos 2.700 fueron rechazados. En lo que va de año, se estima que no se ha permitido el acceso a unos 900.

El Ejecutivo que preside Luiz Inacio Lula da Silva convocó la pasada semana al embajador español en Brasilia, Ricardo Peidró, para pedirle explicaciones por las repatriaciones – que se producen fundamentalmente a la llegada a Barajas – , y transmitirle que consideran que las medidas adoptadas por las autoridades españolas de inmigración «son incompatibles con el buen nivel de relaciones entre los dos países». Peidró explicó que España se limita a aplicar la normativa del espacio Schengen, en el que hay libre circulación de personas dentro de la UE, y que establece una serie de requisitos para acceder a él.

Política más dura

Brasil ha reaccionado impidiendo la entrada en el país de una veintena de españoles durante los últimos cinco días – los siete últimos regresaron ayer desde Río de Janeiro – alegando que no reunían todas las condiciones exigidas por la legislación brasileña, como tener billete de vuelta o 500 dólares en metálico.

Algunos partidos políticos brasileños han endurecido su discurso hacia España, entre ellos el Partido de los Trabajadores, que lidera Lula, uno de cuyos parlamentarios ha afirmado que «España se comporta como en la época del descubrimiento, cuando destruía culturas». Además, la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados pretende que el embajador español comparezca ante los parlamentarios para dar explicaciones y el propio Lula ha expresado su intención de plantear el asunto al presidente del Gobierno.