Se trata de una medida en represalia por el creciente número de brasileños que son deportados al llegar al aeropuerto de Barajas Los ocho españoles desembarcaron en San Salvador de Bahía, el pasado viernes, convencidos de que disfrutarían unas lindas vacaciones en una de las ciudades más pintorescas del litoral de Brasil. Cuál no sería su indignación cuando la Policía de Migraciones les comunicó que no podrían entrar en el país. Pese a sus vehementes protestas, los cinco varones y tres mujeres fueron devueltos a Madrid, tal y como llegaron, en un vuelo de Air Europa. Es altamente probable que, en lo sucesivo, otros ciudadanos españoles pasen por la misma experiencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció a través de uno de sus portavoces, Joao Gilmar, la aplicación de «estrictas medidas de control y verificación de documentos» a los titulares de pasaportes españoles, en respuesta a las deportaciones de que son objeto los brasileños cuando llegan a la Península. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorín, manifestó su «preocupación y profundo desagrado» al enterarse de que los funcionarios de migración en Barajas habían retenido en esa terminal a dos académicos brasileños, impidiéndoles seguir vuelo a Lisboa, donde se les había invitado a participar en un congreso de Ciencias Sociales.

Pedro Luiz Lima y Patricia Rangel, del Instituto Universitario de Investigaciones, contaron al diario Folha, de S o Paulo, que dichas autoridades los mantuvieron varias horas aislados y sin alimento, bajo el pretexto de que sus documentos no estaban en regla. Anteriormente, la física Patricia Magalhaes estuvo tres días sin abandonar el aeropuerto de Barajas, mientras las autoridades revisaban su documentación. Magalhaes también viajaba a participar en un congreso en Portugal y había hecho escala en Madrid. «Tres días encerrada y nadie se dignó a explicarme cuál era la irregularidad en mis papeles», dijo la científica.

El secretario general de Relaciones Exteriores, Samuel Pinheiro, convocó al embajador de España en Brasil a dar explicaciones sobre éste u otros incidentes similares. Pinheiro señaló que la deportación de brasileños se ha multiplicado por 20 en el último año y medio y que, sólo en febrero de 2008, las autoridades hispanas prohibieron la entrada a 452 compatriotas. El alto funcionario dijo que las recientes medidas adoptadas por las autoridades inmigratorias en Madrid «son incompatibles con la cordialidad que caracteriza a las relaciones entre los dos Estados». En febrero, el canciller Celso Amorín ya había remitido una nota a la legación de España en Brasilia, en la que se expresaba «insatisfecho» por el trato que reciben sus compatriotas en los controles fronterizos.

En referencia al caso de los ocho turistas españoles, el jefe policial del aeropuerto de Salvador, Francisco Gonçalves, negó que la deportación fuese una represalia contra los responsables de migración en España. «Es un procedimiento de rutina que busca prevenir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas sintéticas. Los controles aeroportuarios se intensificaron por orden de la superintendencia de Bahía, y no guardan relación con la nacionalidad de los afectados», explicó Gonçalves. El oficial indicó que los españoles no pudieron comprobar que disponían de los medios para subsistir en Brasil y que tampoco tenían dónde hospedarse. «Uno de los turistas pretendía quedarse 20 días en Brasil con sólo 100 dólares. Otro traía 160 reales [cerca de 95 dólares] y una tarjeta de crédito que había vencido en el 2006. Un tercero era un agente de viajes que ya había agotado el plazo máximo de estadía en Brasil, que es de 180 días en un año», detalló Gonçalves.