SAN SEBASTIÁN. DV. La incesante y cada vez más numerosa llegada de menores extranjeros no acompañados ha obligado a la Diputación Foral, responsable de la tutela de estos niños, a ampliar una red de acogida que se antojaba insuficiente. La apertura prevista de nueve centros, incluido el de Igeldo, viene a reforzar esta estructura.

El psicólogo Iñigo Ochoa de Alda califica de «admirable» la implicación foral, «en el sentido de que ha asumido un tipo de población que otras provincias ha rechazado, lo que pasa es que eso trae consigue unos daños colaterales y supone reestructurar una red que no está preparada». A su juicio, se está aprendiendo de los errores cometidos hasta ahora «y están creando recursos, los están adecuando más al perfil de cada chaval, porque no son lo mismo unos menores conflictivos o con problemas de consumo de disolvente que otros que se muestran más receptivos». Eso sí, subraya que para sacar a estos chavales adelante es preciso que haya un compromiso de mantener unas cifras de menores con los que se pueda trabajar. « Por muy buenas condiciones que tengan, poner más educadores no sirve de nada cuando se trabaja con grupos grandes: a veces supone echar leña al fuego, porque parece que nos tenemos que defender del enemigo y por eso hay más educadores. Debería haber grupos máximos de 8 a 10 chicos».

El psicólogo valora positivamente la «mayor inversión económica» destinada a este colectivo y el hecho de que se estén aceptando proyectos para trabajar con estos chavales a partir de los 18 años. A su juicio, la Diputación ha asumido el reto de hacer una inversión a largo plazo, aunque sea costosa, «y ha dicho: ‘vamos a atender a estos chavales aunque ahora perdamos algo para que ganemos en el futuro’. Porque no hay que olvidar que si no se les hace caso el riesgo es mucho mayor».

«Gestión insuficiente»

Peio Aierbe destaca la disponibilidad de medios para atender a este colectivo, «así que no hay un problema de medios pero sí una gestión clarísimamente insuficiente». El miembro de SOS Racismo asegura que la preocupación actual de la Diputación es encontrar sitios para alojar a estos menores, y lamenta que no se ocupe tanto «de todo lo relacionado con la atención educativa de estos críos, o cómo se resuelven aspectos claves para ellos como la documentación, cómo se da o no opción a tener en cuenta lo que piensan los educadores… Todo esto funciona muy mal».

Aierbe se refiere también a centros en los que viven más menores de los que pueden ser atendidos y además donde los que sufren problemas de adicción conviven con el resto. «No hay educador que los pueda controlar y se está perdiendo la oportunidad de trabajar de forma más individualizada. Este año van a empezar a funcionar algunos recursos, como centros terapéuticos específicos… Esto es de sentido común y en cambio, hasta ahora no se ha hecho».

Los que padecen en primera persona los problemas con estos menores son los educadores, para los que los conocedores de su realidad no tienen más que palabras de admiración. «Es preciso que haya un reconocimiento social y se valore que lo hacen», dice el psicólogo, que ejerció esta labor durante dos años. «Se ha mejorado mucho. Hemos conseguido avanzar algo y desde la Diputación se están esforzando en mejorar las condiciones de la gente, la remuneración económica, los horarios… Pero con diferencia, creo que es uno de los peores trabajos que hay».

Porque, al fin al cabo, se encuentran entre la espalda y la pared y son el blanco de todas las críticas: «Los chavales los castigan, los vecinos les critican y la Policía y la Justicia los cuestionan. Viven situaciones en las que no les queda más remedio que denunciar al menor y luego les dicen que cómo pueden denunciar a un chaval que están cuidado. Se dan unas paradojas… Es preciso valorar el trabajo que realizan estas personas».