El CNP detiene a ocho personas que ofrecían contratos falsos de alquiler para traer a familiares de extranjeros El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha desarticulado un grupo mafioso que operaba en Girona y Barcelona y que se dividía en dos subgrupos. El primero de ellos, del que han sido detenidas tres personas, se dedicaba a firmar contratos falsos de alquiler a varones magrebíes, que esperaban así traer a España a sus mujeres e hijos, según adelantó ayer El País. La segunda red, integrada por diez personas que ya han sido imputadas, ofrecía contratos de trabajo ficticios a a ciudadanos paquistaníes y de otras nacionalides que buscaban una vía fácil para regularizar su situación.

Los extranjeros que consiguen instalarse en España de forma clandestina se encuentran en breve tiempo con la necesidad de normalizar su situación. Ante la escasa perspectiva de una regularización masiva, los inmigrantes recurren a métodos no demasiado ortodoxos.Para poder materializar sus intenciones, estos extranjeros se sirven de redes y grupos de delincuentes que buscan obtener a cambio un beneficio económico rápido. En este grupo de aprovechados se encuentran diversas redes de delincuentes que ofrecen falsas oprtunidades de regularizar la situación de los inmigrantes.

Uno de los requisitos necesarios para que un extranjero solicite la reagrupación familiar es que demuestre, con documentación, que dispone de una vivienda adecuada. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí detectó un aumento de las solicitudes para obtener estos informes de idoneidad. Las peticiones coincidieron en el tiempo con decenas de altas en el censo y con la presentación del mismo número de contratos de alquiler por parte de ciudadanos con pasaporte marroquí.

Los investigadores de la Policía sospecharon del fraude sobre todo porque todos los contratos procedían de la misma oficina de un Agente de la Propiedad Inmobiliaria, regentada por Modest C. L. Los contratos no aparecían en el registro y en ellos constaba siempre el mismo número de telefóno que no era ni tan siquiera del solicitante sino de Ouardani B. Los miembros de la Unidad de Redes de Inmigración de Barcelona y de la comisaría provincial de Girona constataron, a través de seis expedientes de muestra, que los inmigrantes pagaban unos 1.200 euros por cada vivienda supuestamente alquilada. El engaño consistía en que ninguno de ellos llegó a pisar nunca casa alguna. Además, estaban situadas en una urbanización aislada y de clase alta de L’Estartit, muy alejadas de los lugares de trabajo.

A finales de febrero, los policías arrestaron a Modest y Ouardani por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Idéntico delito se ha imputado a otra decena de personas – tres españoles, tres paquistaníes, dos bangladeshíes, un peruano y otra persona sin identificar – dedicadas a realizar ofertas falsas de trabajo a extranjeros y que tenía su centro de operaciones en un locutorio del barcelonés barrio del Raval.

Los sospechosos habían organizado un entramado de 20 empresas que, en dos años de actividad ilícita, había ofrecido 221 ofertas.Ninguna de estas sociedades limitadas tenía capacidad real de contratación. Su único objetivo era ganar dinero a costa de inmigrantes que pretendían así regularizar su situación. Cada uno de ellos pagó entre 1.000 y 3.000 euros por contrato. Los que actuaban como captores de la banda se llevaban del orden de 300 a 600 euros, según informaron fuentes policiales.