Les pagaba 230 euros mensuales por trabajar en un restaurante de Bilbao de lunes a sábado, con jornadas de hasta 15 horas. Es sólo uno de los últimos casos de explotación laboral a inmigrantes en Euskadi, un delito que no para de producirse desde principios de la década.

La Policía asegura que ha habido un trasvase desde la construcción a la hostelería y a empresas de limpieza o jardinería. Por su parte, organizaciones que trabajan con los inmigrantes , como SOS Racismo, aseguran que este tipo de explotación es imposible de cuantificar porque “los afectados no lo denuncian, ya que quedan peor: sin trabajo y, en otros casos, con una orden de expulsión”.

Los casos que afloran no son muchos. El pasado año, la Delegación del Gobierno, por la que pasan todas las denuncias e investigaciones, tiene cuantificados cinco. Pero en 2008, en poco más de dos meses ya se han llevado al juez cuatro redes de explotación, con nueve personas detenidas. El cambio más importante, según constata la Policía, es que la explotación laboral ya no se centra en la construcción, sino en bares y restaurantes y servicios de limpieza o jardinería. “También hay muchos casos en el servicio doméstico, pero es más complicado de demostrar y tienes el problema de entrar en una propiedad privada como es una casa”, explica el jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Vizcaya.

La explotación tiene un patrón preciso: suele darse en empresas de entre uno y tres empleados, con trabajadores en situación irregular, mayoritariamente de nacionalidad boliviana, ecuatoriana y colombiana, que realizan su labor sin contratos, con jornadas de lunes a sábado de diez horas diarias y sueldos que no superan los 600 euros mensuales. Hay casos que rompen la norma. En febrero se detuvo a un empresario de Portugalete dedicado a la construcción que tenía a siete operarios extranjeros sin contratos y en situación irregular que trabajaban 12 horas diarias. El trabajo lo hacían en distintas obras, a las que eran trasladados desde una nave que tenía el patrono en Barakaldo y que hacía de sede social de la empresa. Y en enero se desasticuló en San Sebastián una red montada mayoritariamente por extranjeros que empleaba de forma irregular a siete paquistaníes distintas obras.

El jefe de Extranjería en Vizcaya señala que los empresarios, cuando son descubiertos, no reinciden si son españoles. “Quedan escarmentados porque, además de lo que decida el juez, al ser un delito contra los derechos de los trabajadores, la Inspección de Trabajo levanta un acta y pueden enfrentarse a sanciones de hasta 6.000 euros por cada trabajador irregular”. Al ser detenidos, la justificación de los empresarios se repite: hacen un favor al inmigrante al darles trabajo.

La explotación también se ha extendido al sector forestal, ante la negativa de los trabajadores autóctonos a realizar tareas que requieren un gran esfuerzo físico. La Policía ha constatado que en este ámbito las redes están encabezadas por extranjeros. “En estos casos suelen reincidir y es más complicado pillarles porque hay que ir en coches y cogerles en el lugar”.

Las dificultades para la policía se incrementan con los chinos, “muy herméticos y que nunca se denuncian entre ellos”. Los agentes se han encontrado con casos en que se invocaba el reagrupamiento familiar traer a un supuesto pariente a trabajar. Pero, al ser investigados por las autoridades españolas en China, se descubrió que la persona reclamada no era familiar y le habían exigido hasta 15.000 euros para venir a Euskadi.