Otro caso de supuesta explotación de inmigrantes ilegales desentraña la problemática que generan empresarios sin escrúpulos. El escenario de este nuevo episodio vuelve a ser la comarca del Duranguesado, donde agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un matrimonio que regenta un restaurante en Durango por emplear a personas extranjeras «en situación irregular» para jornadas laborales de once horas diarias por unos 600 euros al mes.

Con esta pareja se elevan a siete los empresarios arrestados en los últimos seis meses en Vizcaya como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, después de que, a mediados de febrero, se acusara a una hostelera de Izurtza de contratar a inmigrantes sin papeles por apenas 230 euros de salario mensual.

La operación policial que permitió el arresto del matrimonio durangués se desarrolló el pasado día 26, cuando funcionarios de la Policía, junto a miembros de la Brigada de Extranjería, llevaron a cabo una inspección en su negocio. Allí comprobaron que, de las cuatro empleadas inmigrantes localizadas en el restaurante, sólo una se encontraba en situación legal y que todas ellas eran sometidas a una «explotación laboral» con jornadas diarias de once horas, de lunes a sábado, con un descanso mínimo para poder comer. Por este trabajo percibían alrededor de 600 euros.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco confirmó ayer que la investigación concluyó con el arresto de J.A.A.A. y su esposa, M.A.A.L. Junto a los propietarios también fueron detenidas, en aplicación de la normativa vigente en materia de extranjeros, tres mujeres de nacionalidad boliviana que responden a las iniciales de N.G.Y, de 32 años; W.S.C, de 23 años, y J.O.O.C., de 22 años. Todas ellas son vecinas de Durango.

«Práctica habitual»

Los últimos casos de explotación laboral a inmigrantes sin papeles han hecho saltar todas las alarmas en la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Bilbao. Desde la delegación del Gobierno aseguraron ser conscientes de que es «una práctica habitual entre determinados empresarios que, valiéndose del temor de estas personas a ser expulsadas y haciéndoles creer que se va a proceder a regularizar su situación administrativa, son sometidas a una clara sobreexplotación laboral».

Las mismas fuentes añadieron que, en muchos casos, estos trabajadores soportan «jornadas maratonianas, sin cobertura sanitaria y sin derechos de ningún tipo». De esta manera, el empresario que les contrata acumula mayores beneficios económicos, ya que, además de pagarles sueldos «claramente inferiores» a los que recibirían ciudadanos españoles, «no pagan a la Seguridad Social ni a Hacienda».

Esta vulneración de los derechos de los trabajadores les permite también ofertar precios más competitivos que los de los establecimientos que sí cumplen con la legislación.