Una resolución conjunta de los secretarios de Estado para Iberoamérica, de Seguridad y de Emigración del Gobierno de España, con fecha 12 de febrero de 2008, resuelve que a los nacionales de México y Chile “no se les exigirá, sistemáticamente, la acreditación de medios económicos para efectuar su entrada en España”.

Una resolución conjunta de los secretarios de Estado para Iberoamérica, de Seguridad y de Emigración del Gobierno de España, con fecha 12 de febrero de 2008, resuelve que a los nacionales de México y Chile “no se les exigirá, sistemáticamente, la acreditación de medios económicos para efectuar su entrada en España”, tal y como figura en el documento emitido por el Ministerio del Interior del Ejecutivo central al que ha tenido acceso este periódico.

Dicho documento está firmado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez; el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí.

Según precisa la Orden 1282/2007, los extranjeros que no sean ciudadanos de la Unión Europea deberán acreditar al momento de su entrada en el país que disponen de recursos económicos suficientes para su sostenimiento, durante su estancia en España, alrededor de 570 euros por persona para un mes o su equivalente legal en moneda extranjera.

La ley española indica que la disponibilidad por los extranjeros de los medios económicos señalados se acreditará mediante exhibición de los mismos, en el caso de que los posean en efectivo, o mediante la presentación de cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago, o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañadas del extracto de la cuenta bancaria o una libreta bancaria puesta al día (no se admitirán cartas de entidades bancarias ni extractos bancarios de internet) o cualquier otro medio con el que se acredite fehacientemente la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta o cuenta bancaria.

Interior alega que el tiempo transcurrido “desde la entrada en vigor de la citada orden y la evolución de los tránsitos desde el conjunto de países no incluidos en el espacio Schengen han permitido detectar que, vista la presión migratoria, no es necesario mantener dicho control de manera sistemática”, según figura en la resolución.

El delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García Llanos, manifestó ayer que no tenía conocimiento de esta resolución.

También con fecha 12 de febrero, el Ministerio del Interior remitió una orden a las comisarías de Policía de los aeropuertos españoles de Madrid y Barcelona, que concierne a los ciudadanos mexicanos objeto de denegación de entrada y retorno, con motivo de la problemática surgida en el aeropuerto de El Prat, donde las personas de este país deben permanecer cuatro días en las dependencias policiales, en espera del vuelo de regreso a México, lo que contraviene la norma de extranjería ser devueltos en las primeras 72 horas.

Devoluciones a México

A partir de ahora, como los vuelos con destino a México son más frecuentes desde Barajas, los policías del aeropuerto de El Prat escoltarán hasta Madrid a los ciudadanos mexicanos que deben volver a su país, con el escrito correspondiente dirigido a la autoridad judicial comunicándole la resolución aceptada para el retorno.

Fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) consultadas por este periódico manifestaron su desacuerdo con la resolución del Gobierno de suprimir los medios económicos a los mexicanos y chilenos.

En su opinión, “España adopta esta medida de forma unilateral, cuando en el resto de Europa es necesario cumplir este requisito”.

En este sentido, las mismas fuentes señalaron que otros países europeos criticarán a España, “puesto que volverá a ser la puerta de entrada de algunos ciudadanos que luego se moverán libremente por el espacio Schengen”.

Asimismo, indicaron que tampoco comprenden el privilegio que se lleva a cabo con los mexicanos a la hora de efectuar su devolución desde el aeropuerto de El Prat, enviándolos en un vuelo regular hasta Barajas, cuando no se aplican las mismas medidas con el resto de los extranjeros, que también pasan más de 72 horas en esas instalaciones.