El incendio intencionado del centro de menores extranjeros que la Diputación construía en Igeldo ha sido un mazazo para el servicio de Infancia. Su director, José Ignacio Insausti, afirma que los chavales extranjeros sufren un estigma social que acaba provocando sucesos como el de Igeldo. Subraya la doble moralidad que supone exigir que se rescate a estos niños de la calle, pero al mismo tiempo protestar cuando se abren centros de inserción, tanto da que sea en pisos o en villas aisladas.
- ¿Se sabe definitivamente qué ha pasado en el centro de atención?
- Estamos esperando el informe definitivo, pero se puede asegurar que el incendio fue provocado. ¿Con qué intención? Sobra decirlo. Nadie quiere un centro de menores al lado de su casa. Sin embargo, lo curioso es que cuando los ciudadanos ven a estos menores en la calle y salen a la luz casos de explotación u otras situaciones de este tipo, piden responsabilidades a la Diputación para que adopte las medidas oportunas de protección hacia estos chavales.
- ¿La sociedad se comporta de forma hipócrita ante este tema?
- No hablaría de hipocresía, pero sí es verdad que a todos se nos llena la boca diciendo lo que tiene que hacer el vecino, pero cuando nos toca a nosotros actuar, miramos a otro lado. Yo no tengo que hacerlo, pero el vecino sí. Esta una realidad que tenemos presente en el día a día. La ley nos obliga a atender a estos menores, pero es que además lo que hoy no hagamos por ellos en favor de su educación e inserción, en el futuro se nos volverá en contra.
- Hace unos meses parte de los menores acogidos en el albergue de Segura le prendieron fuego y ahora son presuntamente vecinos de Igeldo los que incendian un centro de este tipo. ¿Se le está escapando el problema a la Diputación de las manos?
- Tenemos que reconducir el tema adoptando las medidas necesarias para que no se produzcan estas actuaciones antisociales. Se suele enfatizar en los chavales, pero lo que más me preocupa es que adultos supuestamente responsables, como los que han incendiado el centro de Igeldo, tengan hijos a su cargo. El problema lo tienen dentro de casa.
- ¿Dispone la Diputación de personal e infraestructuras suficientes para atender a los menores?
- En el campo social, es decir, en la atención a menores, ancianos… uno de los problemas es disponer del personal suficiente. Los trabajadores no se enfrentan a una tarea fácil y actuaciones como la de Igeldo dificultan mucho más su labor. Los educadores se ven fiscalizados por los vecinos próximos a un centro de menores. Soportan una doble carga. A veces, cuesta consolidar un proyecto educativo, tienen que mirar más al entorno que al propio centro. El monitor tiene que proteger a los menores y a sí mismo respecto del entorno donde se ubica el centro.
- ¿Qué tipo de centros consideran más acordes para atender a menores, pisos o viviendas aisladas?
- Estamos optando por las villas. Posibilitan más autonomía y disponen de espacios de esparcimiento. Autonomía no significa libertad total y falta de control.
- Parece que no hay solución. Cuando los menores han estado en pisos se han generado problemas y ahora que van a villas también…
- La Diputación ha creado un centro específico para los realmente son problemáticos. Ahora bien, no podemos fijarnos sólo en esa minoría. La mayor parte tiene un comportamiento adecuado. ¿Quién saca esa conclusión de que no existe un control? No es así. Tenemos cuarenta centros y sólo en dos ha habido problemas.
- ¿Los vecinos de los lugares donde se va a instalar un centro reciben información del tipo de chavales que se va a atender y del control a desarrollar?
- En los municipios donde se abre un centro se crea una mesa de trabajo en la que participan profesionales y todas las asociaciones vecinales, culturales o de cualquier tipo que lo deseen. En el caso de Igeldo, también se mantuvieron reuniones con los vecinos.
- ¿Estas mesas sirven para romper tópicos?
- Sí. Los ciudadanos tienen que saber que existe fijación con los extranjeros, pero el año pasado 1.100 de los menores atendidos por la Diputación fueron guipuzcoanos, frente a 250 extranjeros.
- ¿Cuál es el porcentaje de conflictividad en cada caso?
- Entre los extranjeros, los informes judiciales determinan que el 10% tiene problemas de adaptación y de conducta. Entre los autóctonos, esta cifra se incrementa.
-¿Si son tan pocos los niños extranjeros que causan problemas, a qué se debe un rechazo tan visceral que lleva a actos como el de Igeldo?
- Están estigmatizados. La sociedad se muestra muy sensibilizada con la tercera edad, la discapacidad y el maltrato femenino. Ahora toca la sensibilización hacia un sector que hasta ha estado olvidado, el de los menores. Este problema no es nuevo, existía, otra cosa es que hayamos mirado hacia otra parte. Estoy convencido de que en Gipuzkoa hay muchos niños, tanto autóctonos como extranjeros, en situación de riesgo. Posiblemente haya personas que saben que en la puerta de al lado de su casa existe un problema de este tipo, pero no lo denuncian. Cuando llegan a la Diputación, tristemente son casos muy difíciles de recuperar.
- El problema, lejos de remitir, va a más…
-Estamos pagando las consecuencias de lo que el primer mundo ha hecho en el tercer mundo. A partir de ahí, nos tenemos que ir preparando para lo que venga.