La policía ha desarticulado en Navarra una red dedicada a introducir ilegalmente ciudadanos nigerianos, que luego trataba de regularizar a través de matrimonios de conveniencia con españoles o ciudadanos comunitarios que cobraban diversas cantidades por prestarse a esos emparejamientos. El Ministerio del Interior informó ayer de que 37 personas han sido detenidas en esta operación, aunque el número de personas imputadas asciende a 117. La Delegación del Gobierno en Navarra asegura haber detectado cerca de 60 matrimonios fraudulentos tramitados en la comarca de Pamplona, la mayoría civiles, celebrados o pendientes de hacerlo tanto en juzgados de paz como en parroquias.

La organización desarticulada intermediaba en estos emparejamientos entre ciudadanos nigerianos y españoles o extranjeros en situación regular. Los inmigrantes venidos de África contraían una deuda de entre 8.000 y 15.000 euros, mientras que quienes se prestaban a ese matrimonio ficticio percibían entre 6.000 y 9.000 euros. Lo habitual es que la organización recurriera a delincuentes y con antecedentes policiales para celebrar estos casamientos.

José Ángel Arana, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, destacó que esta red aleccionaba a quienes iban a contraer estos matrimonios ficticios para «superar las entrevistas» a que eran sometidos en los organismos oficiales. Las uniones legales se producían «a pesar de no haber existido convivencia y no entenderse» los contrayentes al hablar distintos idiomas. Además conseguían irregularmente empadronarse para facilitar la unión.

Investigación

El jefe superior de la Policía en Navarra, José Luís Gago, explicó que la investigación se inició en noviembre, tras detectar los funcionarios de Extranjería una gran afluencia de personas para obtener el permiso de trabajo como familiar de un ciudadano comunitario.Gago aclaró que estos matrimonios son «nulos de pleno derecho, según el Código Civil, y la Fiscalía ya está instando a la nulidad de estas uniones para que no devengan efectos jurídicos».

Los arrestados son 21 hombres y 17 mujeres. Once de ellos son españoles, 22 nigerianos, dos dominicanos, un colombiano, otro uruguayo y uno más oriundo de Ghana. En los tres registros practicados en Pamplona y Burlada, la policía intervino 11 equipos informáticos, una impresora de alta gama, un escáner de alta resolución y una lámpara ultravioleta.