Los centros de internamiento de inmigrantes en España presentan unas «condiciones materiales y de higiene deplorables», según el Parlamento Europeo. Un informe denuncia además que en España se trata a los irregulares como si fueran delincuentes y se les incluye en un «sistema carcelario» con «condiciones degradantes».

El estudio encargado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la cámara comunitaria analiza las situaciones de los centros de internamiento para extranjeros (CIE), los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, las instalaciones para demandantes de asilo y los centros de acogida de menores no acompañados. Todos estos establecimientos, a excepción de los de menores que son gestionados por las comunidades autónomas, son responsabilidad del Ministerio del Interior. Por ellos pasan cada año decenas de miles de indocumentados, antes de ser repatriados o puestos en libertad por no poder ser expulsados.

Tras visitar in situ los establecimientos de Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Málaga y Algeciras, los especialistas europeos concluyen que los inmigrantes son sometidos a un «sistema excesivamente estricto de detención de tipo penitenciario» que incluye el «encierro casi permanente en celdas» y la «limitación de paseos al aire libre». El estudio asegura que ni siquiera los extranjeros enfermos se libran de ser tratados como delincuentes, ya que igualmente «permanecen casi todo el tiempo en sus celdas».

Sin equipamiento

La «degradación» en las condiciones de detención es particularmente grave en los centros de Algeciras, Fuerteventura y Málaga, donde a la mala situación de los inmuebles se suma la «ausencia de equipamientos básicos» para los inmigrantes, tales como falta de ropa o botiquines sanitarios.

El informe denuncia la carencia de personal para la asistencia de los inmigrantes y señala que la única «presencia casi exclusiva» es la de funcionarios de seguridad, no de asistentes sociales o psicólogos.

Los enviados del Parlamento Europeo aseguran haber podido comprobar que los inmigrantes denuncian sufrir un trato violento por parte «del personal de seguridad de ciertos centros». También revelan la existencia de «actitudes irrespetuosas y despreciativas» a los internos por parte del personal de los establecimientos, que carece de una «sensibilización a la situación específica de los inmigrantes».

Mala asistencia sanitaria

Los expertos europeos destacan la mala situación sanitaria. Dicen haber detectado «deficiencias en los servicios médicos». Los especialistas sanitarios «son abiertamente reticentes a responder a las necesidades de las personas retenidas». También hay deficiencias importantes en cuestiones legales. «Hay una ausencia o insuficiencia en el acceso de los detenidos a la información sobre sus derechos, falta de apoyo jurídico y de traductores». «Hay falta de apertura de los centros al exterior. En particular, la presencia de las ONG es muy limitada por las dificultades para obtener autorizaciones de entrada», prosigue el informe de la UE.

La situación de los niños

El régimen de internamiento de inmigrantes irregulares en España resulta duro en particular para personas vulnerables como ancianos, mujeres y niños. Según el estudio, en los centros españoles, a pesar de que hay una «presencia importante» de inmigrantes en esta situación, existe «insuficiencia de dispositivos» y de funcionarios capaces de detectar o tratar a estas personas de «gran vulnerabilidad». El tema de los menores merece para el Parlamento capítulo especial. Los analistas se hacen eco de las denuncias sobre las malas condiciones de los centros para niños y adolescentes, en particular en Canarias, realizadas por organismos como Human Rights Watch, que habla incluso de «abusos sexuales y violencia física» contra los menores.

El estudio recuerda la escasa fiabilidad de las pruebas que tratan de determinar la edad de los inmigrantes irregulares, lo que provoca que adolescentes con apariencia de ser mayores de edad acaben detenidos en los centros de internamiento rodeados de adultos.

Los autores del estudio destacan la falta de la colaboración de las autoridades españolas para investigar la situación de estos centros. La comisión del Parlamento Europeo asegura haber encontrado «dificultades» para poder visitar las instalaciones. Además, dice que el grupo se topó con la «reticencia» del Ministerio del Interior para que llevar a cabo encuentros vis a vis con los inmigrantes y que esta cadena de problemas provocó que sólo se visitaran cinco centros.