La Policía española arrestó ayer en Iruñea a 38 personas acusadas de integrar una «red mafiosa» dedicada a introducir ilegalmente a ciudadanos nigerianos en el Estado español y después regularizar su situación a través de matrimonios de conveniencia. Hay 117 imputados.

La Policía española acusa a los 38 detenidos de pertenecer a lo que denomina una «red mafiosa» dedicada a introducir ilegalmente en territorio del Estado español a ciudadanos nigerianos para regularizar su situación administrativa mediante matrimonios de conveniencia. Como consecuencia de esta operación serán imputadas 117 personas presuntamente relacionadas con los hechos delictivos.

Según informó en rueda de prensa el delegado del Gobierno español en Nafarroa, Vicente Ripa, la organización estaba asentada principalmente en la capital navarra, desde donde, al parecer, un hombre de 36 años dirigía un entramado que intermediaba entre ciudadanos en situación legal e inmigrantes sin papeles para celebrar matrimonios de conveniencia que otorgaban a los últimos la nacionalidad española.

Los inmigrantes pagaban entre 8.000 y 15.000 euros a la red, mientras que los ciudadanos en situación regular recibían entre 6.000 y 9.000, siempre según la información facili – tada por Ripa. La Policía estima que la cúpula de esta organización ha obtenido unos beneficios de más de 600.000 euros, e identifica al cabecilla como Agustine E.O., de 36 años y natural de Nigeria, que contó con la colaboración de su compañera sentimental, Beatriz V.L., de 25 años y nacida en Burgos.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2007, tras detectarse una inusual afluencia de personas en las oficinas policiales para solicitar permiso de trabajo por tener familiar comunitario. Se han descubierto alrededor de 60 matrimonios fraudulentos tanto en juzgados de paz como en parroquias del área metropolitana de Iruñea.

Los futuros cónyuges recibían instrucciones de la organización para simular una relación sentimental ante los funcionarios de los organismos competentes para celebrar los matrimonios. Además, utilizaban testigos pagados y entregaban al contrayente extranjero documentación falsa.

La pareja era empadronada por la organización en viviendas en las que nunca habían convivido. Una vez conseguido el Libro de Familia, los inmigrantes solicitaban en las Oficinas de Extranjería la tarjeta de residencia por familiar comu – nitario y luego la nacionalidad española.

Según la Policía, la organización fijaba pautas severas por las que se imponía el compromiso de que los contrayentes nunca mantendrían una convivencia matrimonial auténtica ni tenían voluntad de formar una familia. De hecho, se concretaba habitualmente el plazo de un año para la separación judicial o el divorcio. La Fiscalía solicitará la nulidad de esos matrimonios.

La red ahora desmantelada exigía a los inmigrantes entre 8.000 y 15.000 euros, y pagaba a los ciudadanos en situación regular entre 6.000 y 9.000 euros por participar en los matrimonios de conveniencia.

La Policía española ha detectado la celebración de al menos 60 enlaces que califica de «fraudulentos» en parroquias y juzgados de paz en el área metropolitana de la capital navarra, que serán declarados nulos.