Explíquemelo usted
¿Cómo afrontar el reto de la inmigración?
La Verdad, , 03-03-2008Si de algo puede estar orgullosa IU es de su prolongada lucha por la conquista de derechos sociales de los ciudadanos y la apuesta por la inversión en políticas sociales que hagan efectivos los derechos conquistados. En esta legislatura hemos asistido a la implantación de leyes como la Ley de Dependencia, Ley del matrimonio entre homosexuales, Ley de igualdad, etc., que difícilmente hubieran nacido sin IU.
La Ley de Dependencia, por la inherente implicación de la izquierda en las políticas sociales, fue una condición que nuestra formación política impuso al PSOE para apoyarlo en su investidura. Gracias a ello, contamos con una ley históricamente demandada por los afectado. Pese a eso, IU reivindica una serie de cuestiones pendientes de aplicar, que hacen que esta ley sea susceptible de mejora: reducción del plazo de aplicación de la ley para la cobertura total de todos los dependientes, elevación de las cuantías de las prestaciones hacia grandes dependientes y garantía de una financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo. También es importante velar por su plena aplicación, superando los obstáculos de cooperación y coordinación entre administraciones a favor de los afectados. Es el claro ejemplo de nuestra región; con sus mentiras la derecha intenta convencernos a los murcianos de la eficacia de su gestión, cuando la realidad nos muestra a diario como los dependientes siguen sufriendo un retraso vergonzoso que les impide tener acceso a los beneficios de una ley pública y universal. No podemos olvidar a otros sectores de población también necesitados: inmigrantes, drogodependientes, personas sin hogar o personas, especialmente jóvenes y muy mayores. La inmigración ha constituido desde 1995 un elemento esencial en el crecimiento demográfico de la Unión Europea (UE – 15), representando más de un 75% del aumento total de la población. En un área económica en franco estancamiento demográfico, las corrientes inmigratorias han permitido la renovación de la oferta de fuerza de trabajo, sobre todo en las actividades de servicio y construcción.
Según algunos estudios independientes, la presencia de inmigrantes en la economía española ha tenido importantes efectos positivos: la mitad del crecimiento económico de los últimos 12 años se ha debido a la aportación de esta mano de obra en los sectores de servicios, construcción y agricultura y al incremento del consumo derivado del aumento de la población extranjera. Para los mercados de trabajo europeos, la presencia de una mano de obra disponible de manera inmediata. Sin embargo, esos efectos evidentemente positivos se han obtenido por acción directa de fuerzas económicas y sociales no reguladas, por efecto del funcionamiento de los diferenciales de precios y renta entre el norte rico y el sur pobre. Es un fenómeno del capitalismo globalizado. Como en el resto de fenómenos sociales y económicos se hace imprescindible una acción reguladora que se fundamente en alguna de las siguientes premisas: 1 – Aumento de la cooperación con los países de origen para mejora se su nivel de vida. 2 – Regulación de los mercados de trabajo para ordenar las condiciones de inmigración. 3. – Inversión de una parte de los beneficios derivados del crecimiento económico en el reforzamiento de los servicios públicos para conseguir una integración adecuada y suficiente. Quienes hasta hace relativamente pocos años asistíamos al drama de ver partir en tren rumbo a economías europeas más boyantes a parte de nuestros vecinos por los mismos motivos de subsistencia económica de quienes ahora vienen hasta nosotros, tenemos asumido lo que supone la inmigración y los principios de solidaridad que en torno a ella hay que aplicar.
Las avalanchas de inmigrantes llegados a España, a causa del «efecto llamada» que provocó el proceso de regularización masiva, ha convertido lo que era una oportunidad – no sólo para quienes aspiran a vivir, trabajar y crecer con nosotros, sino también para el desarrollo de nuestro país – en un problema por la falta de previsión, la irresponsabilidad e ineficacia del gobierno socialista. De ahí, que el PP abogue por una inmigración ordenada y legal, adaptada a las necesidades del mercado laboral y a nuestras posibilidades de integración social, prohibiremos por ley las regularizaciones masivas, fortaleceremos el control de fronteras, crearemos una Agencia de Inmigración y Empleo de manera que se facilite la selección, formación y contratación de trabajadores de otros países, y cerraremos nuestras puertas a aquellos otros que no respeten la ley y que atenten contra la tranquilidad de todos. Para ello, crearemos un contrato entre los españoles y los extranjeros que vengan a establecerse porque es vital que consideremos a cada inmigrante como lo que son, personas con aspiraciones propias y, en tal sentido, nos comprometemos a concederles los mismos derechos y prestaciones que a los españoles, ayudarles en su integración, a respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a nuestras leyes.
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