Toda cautela es poca cuando en un mismo enunciado aparecen las palabras inmigración y delincuencia. Pero ni el temor a excitar sentimientos xenófobos ni el marco de las correcciones políticas deben abstraerse de la tozudez de las estadísticas. La radiografía de las cárceles españolas arroja datos muy inquietantes. El número de reclusos no para de crecer, principalmente, porque la escalada de ingresos penitenciarios protagonizados por delincuentes extranjeros se ha multiplicado durante la última legislatura. Más del 70% de los nuevos presos son extranjeros y en los últimos cuatro años la población reclusa no española ha aumentado un 51%, de tal modo que el 34% de los internos en centros penitenciarios de nuestro país proceden de otros países. Estos datos vienen a dar la razón al discurso sobre inmigración de Mariano Rajoy. Con los datos en la mano, resulta evidente que una parte de los extranjeros que vienen a España lo hacen para delinquir. Además, bandas de extranjeros organizadas han importado formas de delito mucho más violentas. El incremento de las cifras de la población reclusa extranjera es consecuencia directa del creciente problema de inseguridad ciudadana. Es importante acometer medidas políticas de orden penal para endurecer los castigos y, en materia de inmigración, para agilizar las expulsiones de aquellos inmigrantes que vengan con la finalidad de delinquir.