El PP incide en crear planes personalizados de seguridad para las víctimas de la violencia machista. El PSOE apuesta por expulsar del país a los extranjeros condenados con sentencia firme como autores de un delito de maltrato a la mujer.

La concesión de créditos a interés cero a las víctimas de la violencia machista y la expulsión de extranjeros condenados con sentencia firme por delitos de maltrato son fórmulas electorales que barajan los principales partidos para ayudar a atajar el problema.

En el capítulo dedicado a asuntos sociales, el PP apuesta por planes personalizados de seguridad para las víctimas de este tipo de violencia y reformar la legislación de modo que el consumo de alcohol y drogas deje de ser un atenuante en casos de maltrato.

El Partido Popular (PP) ofrece también un crédito a interés cero que permita a las víctimas la independencia económica necesaria para alejarse del agresor. Mariano Rajoy pretende además aumentar el número de policías dedicados a este terreno y más juzgados especializados.

Por su parte, el PSOE se compromete a mejorar las ayudas con el fin de facilitar el acceso a la vivienda en los casos de violencia machista; generalizar una red pública de centros de recuperación y centros de emergencia, e impulsar la aplicación de los programas de reeducación de hombres condenados por maltrato. Además de garantizar la accesibilidad a la asistencia integral para las víctimas en todo el país, el partido gobernante pretende expulsar a los extranjeros condenados con sentencia firme como autores de un delito de violencia machista, con prohibición de entrada en España por un periodo de 10 años.

Esta última medida se aplicará tras el cumplimiento de la pena de privación de libertad correspondiente. Asimismo, se compromete a eliminar la discriminación de las víctimas en función de su situación administrativa de residencia, y elaborar un código de autorregulación sobre tratamiento de las noticias relacionadas con esta cuestión.

Precisamente, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este jueves que si gana las elecciones convocará con carácter urgente una Conferencia de presidentes autonómicos para sumar esfuerzos en un gran plan nacional contra la violencia machista.

Por otra parte, el programa electoral de IU apuesta por un presupuesto suficiente para desarrollar la ley contra la violencia de género y por elaborar un Plan Integral de Sensibilización y Prevención, con participación de todos los ministerios. IU garantizará además el acceso pleno de las inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, a las medidas y planes contra el maltrato.

Dentro del bloque sobre asuntos sociales, el PP desea mejorar las actuales aportaciones del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, y eximir la vivienda habitual del cómputo del patrimonio de la persona dependiente a la hora de fijar la cuantía a pagar para beneficiarse de sus prestaciones.

Por su parte, el PSOE creará un Observatorio Nacional de Dependencia e impulsará pactos entre instituciones que faciliten la aplicación de la mencionada ley en todas las comunidades autónomas.

IU promete suprimir el copago de las prestaciones previstas en la Ley de Dependencia, ampliar las ayudas, reducir el plazo de aplicación de la ley y garantizar una financiación sostenida en el tiempo. En cuanto a la conciliación y familia, el PSOE creará 300.000 plazas educativas para niños de 0 a 3 años, y ampliará el permiso de paternidad a cuatro semanas.

El PP, además de crear un Ministerio de Familia, tiene intención de ampliar en dos semanas los permisos de maternidad y paternidad. Rajoy garantizará el derecho de los padres a un permiso, durante la jornada laboral, por el tiempo necesario para el cuidado de un hijo menor de edad que precise atención hospitalaria.

Por su parte, IU promulgará una ley de parejas de hecho que las equipare a los matrimonios convencionales; creará un Ministerio de la Mujer y asignará al menos un 5% de cada partida presupuestaria a políticas de igualdad.

En cuanto a la inmigración, Rajoy ha propuesto un contrato de integración para los inmigrantes por el que éstos dispondrán de los mismos derechos que los españoles pero deberán comprometerse a “cumplir las leyes, aprender la lengua y a respetar sus costumbres”.

El PSOE apuesta por mejorar la eficacia de los controles en las fronteras, mejorar los procedimientos de expulsión de inmigrantes ilegales y aumentar la eficacia de la Policía y la Guardia Civil contra las redes de tráfico de seres humanos.