Almería y Murcia no se bajan en la última década del pódium provincial de crecimiento económico. Un éxito en la generación de riqueza del que participa su sector agrícola, rentable y volcado a la exportación. Un sofisticado engranaje comercial imposible de sostener sin miles de brazos africanos, latinoamericanos y de Europa del Este que cosechan tomates, berenjenas o pimientos en los invernaderos.

Si había un sector abocado a sufrir con dureza los rigores demográficos previstos para España, ése era el agrario, que parecía condenado al declive en producción y empleo. La mano de obra inmigrante ha permitido taponar esa sangría. En la última década, el número de ocupados en el campo se ha mantenido alrededor del millón de personas gracias a la incorporación de trabajadores extranjeros: en 1997 eran 14.000, el año pasado 170.000.

“Si no fuera por los trabajadores inmigrantes, ahora la mayor parte de las campañas agrícolas no podrían salir adelante”, corrobora Andoni García, de la organización agraria COAG. En Almería, el 50% de los afiliados al régimen agrario de la Seguridad Social en enero eran inmigrantes. En Murcia, el 65%.

Los invernaderos del Levante, con tres o cuatro cosechas al año, no paran y facilitan el arraigo de los trabajadores extranjeros. Pero en los cultivos de temporada su aportación es igual de determinante. El caso más extremo es el de la fresa en Huelva, otra provincia pujante. De los 55.000 temporeros necesarios cada año, 40.000 son extranjeros. Pero algo similar ocurre con el olivar andaluz, la vendimia de Castilla – La Mancha o las campañas de fruta en Aragón y Cataluña.

En el campo es también donde el problema de la inmigración irregular ha dado la cara de forma más nítida. La escena de miles de sin papeles malviviendo en chabolas mientras aguardaban un día de jornal se ha repetido estos años. El mayor recurso a los contratos en origen (63.000 en 2007) y la regularización extraordinaria de 2005 (un 15% de los contratos a sin papeles se hicieron en el sector agrario) ha aliviado el problema, aunque no lo ha resuelto: ahora se concentra en temporeros rumanos y búlgaros que pueden cruzar las fronteras como ciudadanos de la UE pero no ser contratados como tales hasta 2009.