Los inmigrantes aportaron el año pasado a la Seguridad Social 9.000 millones de euros. La suma equivale a lo que le cuestan al erario público 900.000 pensionistas españoles. Porque los pensionistas que se benefician de las cotizaciones de los inmigrantes no son extranjeros: en el país hay 7,5 de jubilados españoles frente a sólo 60.000 extranjeros (cifra a la que aún habría que restar la de ciudadanos comunitarios). La paradoja es que muchos de esos pensionistas españoles echan pestes contra la inmigración y, según las encuestas, apoyan el discurso radical frente a los extranjeros del candidato de los populares, Mariano Rajoy.

“No cabemos”, dijo el miércoles el líder del PP en Canarias. Los organismos internacionales profetizaban que, hace sólo 12 años, España habría perdido 10 millones de habitantes. Entre otras consecuencias, no habría habido trabajadores suficientes para pagar las pensiones de los jubilados. Si la catástrofe no se produjo fue en parte gracias a los inmigrantes. Hoy las expectativas de población rondan los 53 millones de habitantes en 2050.

Si comparamos la aportación anual de los inmigrantes a las arcas públicas con los gastos que aquéllos generan, el superávit a favor del Estado alcanza los 5.000 millones. Ese dato desmiente las tesis que culpan a los extranjeros de colapsar el sistema sanitario o el educativo. Resulta evidente que si se han producido algunas aglomeraciones en esos ámbitos, éstas no son consecuencia del gasto que originan los inmigrantes. Más bien cabría buscar responsabilidades en las autonomías, que tienen transferidas las competencias en esos ámbitos. Sólo entre 2000 y 2005, la inmigración logró un incremento de 623 euros en la renta anual de cada español.

Un informe oficial de hace dos años explicaba con datos que los inmigrantes habían logrado más del 50% del crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) del primer lustro del milenio. Y eso sucedió sin que el Estado tuviera que dedicar un solo euro a su formación, puesto que llegaron ya adultos y dispuestos a trabajar. De ahí que su tasa de actividad sea 10 puntos superior a la de los españoles.

Un simple vistazo al mapa de España evidencia los beneficios económicos de la inmigración: las regiones españolas más dinámicas son las que han recibido más extranjeros: Baleares (16% de población inmigrante), Madrid (13,1%), Comunidad Valenciana (12,4%), Murcia (12,30%), Rioja (11,3%)…

La repercusión positiva de la inmigración en el crecimiento económico es debida a varios motivos, según el informe antes citado. Un ejemplo: repercute positivamente porque ha permitido aumentar, sobre todo gracias a los empleados del hogar, la tasa de actividad de las españolas, que ha crecido el 12% en la última década. Otros estudios concluyen que la inmigración ha contribuido al 39% del crecimiento medio del PIB per cápita. También han observado la aportación de los extranjeros al crecimiento económico a través de la creación de sus propias empresas, que han incrementado la producción a pequeña escala, ampliando la oferta de servicios, dinamizando económicamente ciertos barrios, haciéndose cargo de empresas que los españoles abandonan y generando puestos de trabajo.

Un estudio del catedrático de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver Alonso subraya la inevitabilidad de la inmigración: “Es cierto que un país, como la España de finales de los setenta, que decidió colectivamente no tener hijos o tenerlos en proporciones muy reducidas decidió, probablemente sin saberlo, que tendría inmigración en proporciones notables, en especial si quería crecer económicamente”.

En 2002, cuando era ministro del Interior encargado de la inmigración Mariano Rajoy comentó a dos periodistas de este periódico: “Dentro de unos años, pocos habitantes de este país tendrán dos apellidos españoles. Eso se ha acabado”. No parecía preocupado entonces el actual líder del PP.