Casi por casualidad, la Policía ha descubierto una trama de corrupción en la que están implicados al menos cuatro de sus agentes y que podría ser la «punta del iceberg» de algo mucho mayor, según aseguran fuentes de la investigación. El caso saltó cuando Asuntos Internos pinchó los teléfonos de dos agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid sobre los que había fundadas sospechas de que podían haber cobrado a cambio de permitir que una empresa colocase fotomatones en dependencias donde se renueva el DNI y el pasaporte. A raíz de las escuchas, no sólo se constató efectivamente que los agentes habían cometido el delito, sino que estaban recibiendo dinero a cambio de facilitar documentación en regla a inmigrantes ilegales. La investigación sigue abierta y, de momento, junto a los policías se ha detenido ya a una funcionaria y a una abogada, esposa de uno de los implicados. Si la corrupción policial siempre es motivo de especial alarma y causa un grave deterioro de la imagen del sistema, en este caso más si cabe, por estar vinculada a un poblema como el de la inmigración, que es un drama para miles de personas en España. La Policía, que ha actuado de forma impecable, debe seguir adelante con sus pesquisas para entregar el mayor número de pruebas al juez. La condena de los culpables será la mejor demostración de que el Estado de Derecho funciona y depura a sus ovejas negras.