BILBAO. De los muchos inmigrantes con los que se ha cruzado en su vida, Roberto Marro recuerda en especial a un marroquí al que ayudó a obtener el permiso de trabajo y residencia. “A los dos o tres años me lo encontré en un bar de Bilbao, me dijo que le esperara unos diez minutos y vino con su esposa y sus tres hijos. Al mes celebramos una comida marroquí en su casa. Presentarme a su familia al completo fue una de las mayores satisfacciones que he tenido”, confiesa, antes de desgranar algunas de las claves del II Plan Vasco de Inmigración y desterrar los falsos mitos sobre la población extranjera.

¿Cuánto tiempo suele permanecer de media un inmigrante dependiendo de las ayudas sociales?

Si están en situación irregular, podemos hablar de un promedio de dos años. Para acceder a las ayudas tienen que llevar un año empadronados y las suelen percibir hasta que llegan a los tres y pueden iniciar el proceso de arraigo social.

Sin embargo, está muy extendida la idea de que muchos de ellos sobreviven gracias a esas ayudas.

No tengo los datos exactos, pero no es el colectivo que mayor tiempo las recibe porque su proyecto migratorio es laboral. Con la renta básica no pueden agrupar ni enviar dinero a su familia. Si se han ido de sus países por una situación económica precaria, no se asientan en las ayudas sociales. Es un mito.

Los inmigrantes apenas suponen el 5% de la población, pero absorben el 25% de las ayudas sociales.

Es un dato objetivo, pero no es concluyente que sean siempre las mismas personas. Es muy rotativo. No hay muchos inmigrantes mayores, ni discapacitados, sino que es un colectivo joven y sano, apto para incorporarse al mercado laboral. Lo que lo impide es el tema de la documentación. Esto conlleva la necesidad de replantearse los procesos de arraigo social.

¿En qué sentido?

Sería fundamental que los entes locales y las comunidades autónomas tengan mayores competencias para que los procesos de arraigo social no se prolonguen hasta los tres años. El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, decía que existía la posibilidad de diferentes arraigos, no una sola interpretación restrictiva.

A los inmigrantes se les exigen los mismos requisitos que al resto para acceder a una vivienda, pero ellos suelen tener más hijos y menos ingresos. ¿No se crea un agravio?

El Gobierno Vasco adjudica los pisos de protección oficial a través de un sistema de sorteo. La respuesta está ahí. Puede ser un procedimiento más o menos acertado, pero es muy igualitario.

Pensionistas que viven bajo el umbral de la pobreza se quejan de que a algunos recién llegados les pagan el agua o la luz y a ellos no.

Se ha creado un estereotipo de tratar de vincular la inmigración a los servicios sociales y no ver el impacto económico que aportan. Es una realidad que existen pensiones bajas para determinados colectivos, pero no porque se les haya dado a los inmigrantes. Eso de que les pagan el piso, la luz o el agua es completamente falso.

Entonces, quizás haría falta una campaña de sensibilización para acabar con estas falsas creencias.

Tenemos que seguir insistiendo para desmitificar temas como que los inmigrantes quitan trabajo o que, por su presencia, disminuyen los sueldos. Los inmigrantes ocupan puestos que, por salario o por prestigio, no ocupa la mano de obra autóctona. De diez cuidadores de mayores, siete son extranjeros, y no es porque hayan quitado el puesto a nadie.

Una bióloga rumana está ‘condenada’ en la CAV a limpiar casas. ¿Cómo evitar esta frustración?

El tema de las homologaciones de títulos universitarios es una competencia estatal. Hemos propuesto, a través del Consejo Superior de Políticas Migratorias, procedimientos para que se acorten los plazos y se simplifiquen los trámites.

Los inmigrantes sin papeles pueden acceder a la educación, la sanidad y los servicios sociales, pero no a un trabajo legal.

La Ley de Extranjería es muy restrictiva. Hasta el Tribunal Constitucional ha anulado determinados artículos que vulneran derechos fundamentales, pero lo esencial es que esta ley provoca que haya personas en situación de irregularidad que no pueden acceder a un trabajo.

¿Qué se puede hacer?

La inmigración y su regulación, las autorizaciones de trabajo y residencia, son competencia del Estado. No podemos regular eso, pero sí impulsar procesos, como los de arraigo social, para favorecer su documentación e integración.

También promueven su empadronamiento. ¿Con qué fin?

Con el empadronamiento, aparte de tener acceso a los servicios sociales, pueden acreditar los tres años de residencia exigidos para iniciar los procesos de arraigo social. Además, nos permite saber el número real de personas extranjeras que residen y también sirve para eliminar el hacinamiento en pisos.

Recientemente han salido a la luz varios casos de estafas a inmigrantes en la CAV. ¿Tienen parte de culpa las leyes restrictivas?

Una ley restrictiva genera prácticas mafiosas en la venida, como es el caso de las pateras, y estafas masivas una vez han ingresado en territorio español. Debería haber una fiscalía ad hoc para cortar cualquier entramado que se pueda lucrar de las personas más necesitadas. Sería conveniente que la administración central asumiera mayor protagonismo.

Cada vez hay más mujeres extranjeras que son víctimas de la violencia doméstica.

No hay que crear estereotipos, sino luchar contra todo tipo de violencia y poner los instrumentos necesarios para que las mujeres puedan denunciar su situación. Actualmente el teléfono del Gobierno Vasco de violencia doméstica está en cinco idiomas. Queremos favorecer que las mujeres inmigrantes puedan acceder a estos sistemas de protección jurídica y psicológica.

Los centros de menores inmigrantes no acompañados están saturados. ¿Habría que establecer una cuota por comunidad autónoma?

Lo que fracasa es el modelo de acogimiento a nivel estatal y eso implica una distribución que, en algunos casos, no es favorable para la integración de los menores. Es necesario un plan estatal que haga una distribución de acuerdo a las capacidades de acogida de cada comunidad.

Las agresiones y robos protagonizadas por personas de otras nacionalidades ¿contribuyen a empañar la imagen de todo el colectivo?

Hay un informe que dice que en Euskadi estamos en la media de los países más seguros. No trato de desmentir que personas inmigrantes puedan cometer delitos o faltas, pero a nivel general el tema de la seguridad ciudadana no lo podemos vincular a la inmigración.

Usted ha dicho que establecer cuotas de inmigrantes en los colegios era “racista”. ¿Qué propone?

Estoy a favor de que se establezca una cuota, pero éste es un discurso racista si no viene acompañado de políticas de inserción lingüística o apoyo pedagógico. A eso me refiero.

¿Es partidario de restringir el uso del velo u otros símbolos?

Lo que tiene que primar es el derecho a la educación. Me parece compatible siempre que se garantice que la persona lo lleve en plena libertad.