Es curiosa la reciente incorporación de la dinámica contractual en las campañas electorales. En las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya, Artur Mas protagonizó ya el affaire del notario, por el que pretendía escenificar en forma de contrato sus compromisos con la ciudadanía, incluyendo el rechazo a pactar con el PP tras las elecciones. Hace unos días, Mariano Rajoy proponía un contrato a los inmigrantes por el que se comprometieran a respetar “usos y costumbres españolas”, que en general ya figuran en las leyes vigentes de obligado cumplimiento. El dirigente de Convergència Democràtica ha vuelto a las andadas. En el Día del Militante (sic), Mas afirmó: “Si CiU, y se lo digo a los socialistas catalanes, tiene la sartén por el mango el 9 de marzo, obligará a los socialistas catalanes y españoles a firmar un contrato público con luces y taquígrafos delante de todo el país que dirá que a partir de este momento en Cataluña se respeta la lista más votada”.

No acabo de entender la propuesta, y si la entiendo mi confusión aumenta. Un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Es evidente que no se firma un contrato para expresar deseos o para ejercitar la retórica. La función del contrato es producir efectos jurídicos. Parece también claro que el contrato no puede proponer que se realicen actos que van en contra del ordenamiento jurídico. Mas sigue agitando el fantasma del robo que se habría producido tras las elecciones autonómicas, según el cual, a pesar de haber obtenido más votos populares que los demás candidatos, ello no le condujo automáticamente a la presidencia de la Generalitat. Podemos comprender su frustración, pero la culpa la tiene el ordenamiento jurídico del sistema político que, como seguramente todos sabemos, establece un sistema parlamentario de gobierno por el cual la Presidencia de la Generalitat se decide en sede parlamentaria y no por atribución directa del electorado. ¿Puede Zapatero, en el caso de salir reelegido en sede parlamentaria, firmar un contrato con Mas por el cual se modifique la norma estatutaria? ¿Tendría ello validez? Propongo firmar un contrato por el que nos obliguemos todos a no proponer contratos en vano.