Será porque todos buscan el centro o porque el partido que ha lanzado en esta campaña las medidas más arriesgadas sobre la inmigración, el PP, cree que en los días que faltan para el 9-M debe buscar zonas templadas, pero ayer ninguna formación política suscribió la polémica medida lanzada por el Gobierno laborista británico: la aplicación de tarifas a los inmigrantes para cubrir los gastos adicionales que generan en los servicios públicos.

“¡Cómo les voy a hacer pagar más!”, espetó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El comentario recoge la idea gubernamental de que los inmigrantes ya pagan suficientes impuestos y por lo tanto tienen derecho a recibir prestaciones sociales. Los laboristas británicos han presentado una nueva propuesta de puntos que trata de dificultar la llegada de trabajadores asiáticos y africanos con la imposición del pago de unas tarifas cuyo objetivo es compensar el gasto que realizan en educación y sanidad.

A falta de una política de inmigración común en la UE, la filosofía de las formaciones españolas se resume en el binomio: a mismos derechos, mismos deberes. En esta premisa basó la dirigente popular Ana Pastor su rechazo a la propuesta laborista, dejando claro que el “contrato de integración” del PP nada tiene que ver con el cobro de tasas. “Los inmigrantes – explicó- tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones, y se quiere que sean ciudadanos de primera. Podrán acceder así a la sanidad y a la educación en las mismas condiciones”.

Los populares lanzaron un guiño a los sectores de la población española más sensibles a la llegada de extranjeros con la presentación de este contrato con el que se les obligaría a cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres del país. La propuesta concitó el rechazo del Gobierno no por su contenido sino porque que se consideraba absurda ya que ya existen leyes de obligado cumplimiento.

De momento, nadie ha hablado de tarifas y desde CiU, Carles Campuzano, recordó que hoy los inmigrantes ya deben pagar para obtener el permiso. La federación destacó que desde su filosofía “personalista y humanista los servicios sociales deben ser para todos”.

ERC también rechazó la propuesta británica aunque sin criticas a los laboristas. Los republicanos recordaron que la inmigración debe abordarse con el objetivo de lograr la cohesión social. Raúl Romeva, de ICV, fue el más contundente al entender que no se pueden poner impuestos en función del lugar de origen. “Si se quieren universalizar los servicios – remachó-, se tendrá que pagar en función de la renta”.