la xenofobia, la desconfianza, el miedo, la fobia al inmigrante se ha intentado instalar en la campaña electoral de la mano de unos partidos políticos irresponsables. El más irresponsable de todos, el Partido Popular, aunque también CiU y Coalición Canaria se han zambullido en las mismas aguas.

Las propuestas avanzadas por el Partido Popular, más específicamente su contrato de integración, es una iniciativa de fuerte contenido xenófobo, que promueve y fortalece el racismo social, la tendencia a racializar los problemas sociales designando a las personas inmigrantes o a grupos genéricos de extranjeros extracomunitarios como causantes de los mismos. Construye un grupo de sospechosos de nuestros males reales o imaginarios, les aplica medidas especiales; y los juzga de forma genérica en función de unos rasgos atribuidos.

El racismo es polimorfo e históricamente cambiante. Y conviene no alentarlo, sino rechazarlo en todas sus formas, sean éstas las basadas en la liquidación de un grupo humano designado como raza mental inintegrable y cancerosa, en la superioridad de un grupo humano sobre otro, en el determinismo culturalista, en su forma institucional, en su forma simbólica, o como racismo social.

No hay que alentarlo, no hay que jugar con él, no hay que banalizarlo. Hay que desactivarlo y combatirlo. Y lo tenemos que hacer en el terreno de los comportamientos, de las ideas, de las prácticas democráticas y de las políticas sociales, promoviendo la igualdad y no la discriminación.

El Partido Popular está proponiendo lo contrario. No alienta la igualdad, sino que fomenta el miedo y la alarma social. No fomenta la igualdad de derechos y deberes, principio básico del funcionamiento de cualquier Estado de Derecho que se precie, sino que a la actual situación discriminatoria le añade la firma de un documento que la ahonda. Las normas básicas del funcionamiento de la sociedad deben ser para todos, incluso para el Partido Popular, que no debería impulsar medidas que violan principios básicos de las sociedades democráticas.

Pero tenemos más problemas, y graves, propuestas de mucho calado discriminatorio impulsadas por el Gobierno del Partido Socialista, que están pasando de rositas mientras nos ocupamos del ruido hecho por las del Partido Popular.

El Gobierno del Partido Socialista está impulsando con total impunidad y sin un mínimo de crítica, unas políticas sociales profundamente discriminatorias hacia la población extranjera. Por un lado, el popularmente denominado cheque – bebé, para recibir el cual se exige a las madres extranjeras dos años de residencia legal. Por otro lado, las ayudas para que las personas jóvenes alquilen una vivienda, exigiendo a los jóvenes extranjeros la disposición de un permiso de residencia permanente.

Estas medidas discriminatorias suponen una auténtica carga de profundidad contra la práctica hasta ahora mantenida de no discriminar en materia de políticas sociales, incluso de no discriminar a las personas que se encontrasen en situación administrativa irregular. Estas medidas rompen con eso, e implican la aceptación de que también en materia social es lícito y conveniente discriminar, tal y como se hace en materia política.

A mí me parece que esto es gravísimo, que tiene mucho alcance y es tanto o más importante que el punto anterior. Y tiene un elemento añadido, que es que en esa política discriminatoria que irrumpe en el mundo de lo social, los dos grandes partidos que se juegan la gobernabilidad del Estado están de acuerdo, y también la mayoría de los partidos representados en el parlamento.

Y un añadido a lo anterior: el juego de palabras equívocas que está impulsando el tripartito vasco. Una muestra de lo que digo es la presentación que de las ayudas de vivienda hizo el consejero de Vivienda del Gobierno vasco. En ella no se desmarcaba ni un solo milímetro de todo lo que de discriminatorio venía del Estado. Ni siquiera una triste alusión.

Otro ejemplo, los carteles que se han puesto en un montón de sitios sobre el empadronamiento. Son equívocos. El problema del empadronamiento no está, fundamentalmente, en las personas inmigrantes, la inmensa mayoría de las cuales sabe que es bueno y necesario empadronarse, y hacen muchos esfuerzos por conseguirlo. El problema fundamental del empadronamiento está en los ayuntamientos, y es a ellos a los que se debería haber dirigido esa campaña: a los alcaldes, a los concejales, a los secretarios, a los responsables del registro, porque es ahí donde están las dificultades. En general, si no se empadronan, no es porque no quieran, sino que, por diversos motivos, no les dejan los ayuntamientos en los que viven.

Hoy se está impulsando la redacción de una declaración de derechos y deberes de las personas extranjeras en la CAPV, que vista la práctica, incluida la más reciente, en materia de derechos, puede ser un envoltorio vacío.

Si en materia de igualdad de derechos el Gobierno vasco no puede ir más allá de lo establecido por el Estado, y hasta ahora ha sido así en temas de importancia, solo queda a salvo el discurso. No desprecio los discursos, sirven para crear un clima, para reforzar unas opiniones, para darles respaldo institucional, pero en materia de derechos son insuficientes. Y esto habría que corregirlo, y cuanto antes mejor.

* Es miembro de SOS – Racismo / SOS – Arrazakeria