HASTA finales de los años 70, España exportó dos millones de inmigrantes al resto de Europa y aprovechó las divisas que éstos le enviaron del exterior. Tres décadas más tarde, el flujo migratorio se ha invertido a tal velocidad que los extranjeros han pasado de representar el 1,36%% del padrón en 1996 a constituir el 7% en 2004 y el 10% el pasado año, si bien la proporción es mayor en Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Canarias y La Rioja. Los expertos calculan que la población extranjera real se aproxima a los cinco millones de personas, de las cuales un millón carece de ‘papeles’. En el barrio barcelonés del Raval, representa el 55% de los vecinos.

El fenómeno de la inmigración, y los cambios que ha producido en la sociedad española, será una de las controversias de la campaña electoral. La cuestión ya ha sido suscitada por el PP al exigir a los extranjeros el respeto de las leyes y de las costumbres españolas. No obstante, las reacciones de uno y otro signo que ha suscitado la propuesta de Mariano Rajoy ignoran una realidad: tanto la política integradora, que prima la ciudadanía bajo leyes idénticas para todos, como la política multiculturalista, que respeta tácitamente las peculiaridades de los grupos étnicos, han fracasado en los países que las inventaron, Francia y Gran Bretaña, respectivamente.

España busca un modelo de acogida que no repita los errores conocidos en la UE; una fórmula compatible con la nueva sociedad que se adivina, sin ir más lejos, en el mercado laboral. A finales del último año, los trabajadores foráneos presentaban el 10,3% de los afiliados a la Seguridad Social. Su concurso ha sido imprescindible para el ‘boom’ de la construcción, pero incluso si se confirma el parón en ese sector los inmigrantes continuarán siendo necesarios en la agricultura, hostelería, servicio doméstico y geriatría.

La presencia foránea es palpable en todos los ámbitos sociales: el 8% de los alumnos no universitarios son extranjeros; uno de cada seis nuevos matrimonios tiene al menos un cónyuge no nacional, y el 16% de los niños que nacen en España es hijo de una inmigrante. Incluso el mapa religioso está cambiando, ya que más de tres millones de personas profesan una fe diferente de la católica: 1,2 millones de evangélicos, 1,1 millones de musulmanes, 600.000 ortodoxos…

El concepto mismo de extranjero ha variado de forma sustancial. En 1996, la mitad de la población foránea procedía de la UE, pero ahora los ciudadanos comunitarios representan el 37%. Y si se descuenta a rumanos y búlgaros, que pertenecen a la UE, pero aún necesitan obtener un permiso de trabajo, la proporción cae al 23%. Los lati – noamericanos constituyen el 35% (sobre todo, ecuatorianos, colombianos y bolivianos). Y los marroquíes, la comunidad extranjera más numerosa, alcanzan el 12,9%.

«Dejemos de jugar con el argumento de que vienen demasiados inmigrantes. También se decía lo mismo cuando ocurrieron los sucesos de El Ejido», señala Xavier Rius, autor de ‘El libro de la inmigración en España’ (editorial Almuzara). «Lo queramos o no, dentro de unos años sumarán ocho o diez millones, y muchos serán españoles de origen latino», subraya.

Prestaciones sociales

Esa transformación social sin precedentes ha coincidido con el crecimiento económico, que ha situado a España en el centro de las corrientes migratorias mundiales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 1996 y 2000 el número de extranjeros empadronados en los ayuntamientos casi se duplicó – pasaron de 542.334 a 923.879 – ; y entre 2000 y 2004 se triplicó (llegaron a 3.034.326). En enero del pasado año 2007 – los últimos datos oficiales disponibles – , sumaban 4,5 millones.

El padrón es la vía que tienen los inmigrantes para acceder a los prestaciones sociales, aunque no hayan resuelto su situación administrativa. Lógicamente, al utilizar esos servicios incrementan el gasto público, pero también contribuyen al aumento de la natalidad y al desarrollo de la economía. Los estudios sobre esta cuestión arrojan conclusiones parciales y contradictorias: unos han destacado el impacto positivo de la mano de obra extranjera en el PIB y en las cuentas de la Seguridad Social; otros aseguran que ha provocado la caída de salarios en algunos sectores y que ha retrasado las inversiones necesarias para mejorar la productividad de muchas empresas.

En uno y otro caso, la contribución del inmigrante a la economía será mayor cuando aumente su cualificación laboral; pero sólo podrá obtener la formación precisa y pagar impuestos y cotizaciones más altas si su estancia es prolongada, estable y legal.Y para ello es necesario el permiso de residencia, un documento que expide el Ministerio del Interior y que está vinculado con la autorización de trabajo. Unos cuatro millones de personas disponían de él a finales del pasado diciembre. Sin embargo, el padrón todavía no ha sido actualizado desde enero de 2007, de modo que es difícil establecer con exactitud el número de individuos actualmente en situación irregular.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, sostiene que sólo hay 300.000 ‘ilegales’ en España, pero eso significa que, en el último ejercicio, la cifra de extranjeros empadronados habría retrocedido de 4,5 a 4,3 millones. Y ello a pesar de que más de 100.000 personas entraron en ese periodo en el país a través del reagrupamiento familiar.

En realidad, la mayoría de los expertos cree que la población foránea censada asciende a cinco millones; una cifra que, comparada con la de permisos de residencia, arroja un balance de un millón de individuos en situación irregular. Son los inmigrantes que no pueden acceder a un empleo legal porque no han pasado por el reagrupamiento, una posibilidad contemplada en el reglamento de la Ley de Extranjería de 2004, ni tampoco por la contratación en el país de origen. Pero esos trabajadores saben que la economía sumergida los absorberá hasta que puedan legalizar su situación acreditando tres años de estancia. O hasta que el Gobierno apruebe una concesión general de permisos de residencia, como ocurrió con la regularización de 2005.

«La economía sumergida (…) no es el resultado de la inmigración irregular, sino su causa fundamental, el auténtico ‘efecto llamada’», concluye Lorenzo Cachón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta ahora, las regularizaciones han funcionado como una válvula de escape para el mercado laboral, que necesita 300.000 inmigrantes más cada año debido a la caída de la natalidad, pero se encuentra con que los contingentes de trabajadores extranjeros que aprueba el Gobierno son irreales. Y la contratación en origen tampoco funciona, ya que los consulados dan los visados con lentitud.

¿Última regularización?

Aunque cada regularización se anuncia como la última oportunidad para los ‘ilegales’ ya instalados en España, se conocen por lo menos doce procesos de ese tipo desde 1968, si bien sólo se han convertido en objeto de controversia política durante los últimos ocho años. Hubo concesiones de ‘papeles’ al aprobarse la Ley de Extranjería a comienzos de 2000; cuando esa norma se reformó con criterios restrictivos a finales del mismo año; a raíz de los encierros de inmigrantes en Barcelona en febrero de 2001, aunque la regularización más numerosa, y la más publicitada, se produjo entre febrero y mayo de 2005, cuando el Gobierno socialista concedió permisos de residencia a casi 600.000 personas que ya estaban empadronadas. España recibió críticas de otros países europeos, y especialmente del entonces ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, por haber actuado de forma unilateral, ya que los inmigrantes en situación legal pueden desplazarse por la UE. Sin embargo, Italia anunció la regularización de 484.000 extranjeros en mayo de 2006, Gran Bretaña también, y Alemania abrió un proceso para legalizar a 190.000.

No obstante, a pesar de haber sido imitado en Europa, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a titubear sobre su política de inmigración cuando cruzó el ecuador de la legislatura. El cambio fue apreciable tras el impacto que causó la crisis de los cayucos que llegaron a Canarias durante el verano de 2006. En total, alcanzaron el archipiélago 31.678 personas, seis veces más que el año anterior.

Aunque España ha abierto vías de cooperación con los países africanos para canalizar los flujos migratorios, Sarkozy ha asegurado recientemente que España estaría dispuesta ahora a aprobar expulsiones conjuntas, una afirmación significativa si se tiene en cuenta que la Ley de Extranjería debe ser adaptada a la normativa comunitaria y a las sentencias del Tribual Supremo y el Constitucional.

Pero el Gobierno que salga de las elecciones tendrá que abordar también el voto de los extranjeros no comunitarios, un asunto aparcado durante la última legislatura. Esa reivindicación se basa en el contrasentido de que los inmigrantes de fuera de la UE no pueden votar, pero sí servir en las Fuerzas Armadas. Suman el 5,5% de los soldados, aunque en la Legión o en la Brigada Paracaidista alcanzan el 30%.