He leído recientemente las condiciones de explotación humana en las que se está produciendo la segunda industrialización en China – la primera fue en la década de los 50 bajo el gobierno de Mao Zedong – .

En las tres últimas décadas, un total de 150 millones de chinos de las zonas rurales se han visto obligados a dejar sus pueblos para ir a las ciudades del sureste del país, en torno a la provincia de Cantón. El gobierno tiene planificado que sea un contingente de 300 millones de personas el que deje el campo para aportar mano de obra al despegue económico del país, con lo que si no cambian las cosas se prolongará este éxodo por lo menos una década más. Por si no fuera ya bastante lanzarse al vacío de dejar familia y amigos, para contribuir en última instancia al crecimiento del país, estas gentes, cuando llegan a las ciudades, son condenadas a la miseria y la marginación.

El sistema de registro de residencia chino (hukou), heredado de del régimen de Mao como forma de tener controlada a la población, establece que quien se traslada de una zona del país a otra pierde todos sus derechos de residencia. Esto está conllevando que millones de personas en China se queden en la más absoluta de las desprotecciones sociales, sin los beneficios en vivienda, educación para los hijos, alimentos… de que disponen quienes no se han visto obligados a emigrar. En este sentido, Liu Kaiming, director del Institute of Contemporary Observación, advierte de que la segunda industrialización en China está creando un grupo gigantesco de personas de segunda clase, una versión china de la casta de “los intocables” de la India. Los grandes beneficiados son los empresarios sin escrúpulos, a quienes la contratación de un trabajador sin residencia legal les sale bastante más barato, entre otras cosas porque no tienen que pagar por él cuotas de seguridad social. Para terminar, ¿observamos el paralelismo de la situación de explotación de los emigrantes en China con la de los inmigrantes Iberoamericanos, africanos, de la ex – URSS, asiáticos… que vienen a nuestro país?, ¿acaso no están también ellos aportando su mano de obra al crecimiento económico del país (construcción, infraestructuras, agricultura, ganadería, pesquería, asistencia en el hogar a niños y ancianos, hostelería…), ¿no son aquí los empleadores de los mismos los que se están lucrando de lo lindo contrataciones fraudulentas y salarios de miseria? ¿van a seguir permitiendo nuestros gobernantes y partidos políticos este atropello a los más débiles y vulnerables? ¿pensamos todos nosotros seguir manteniendo nuestro consumismo aun sabiendo que es a costa de sangre de los pobres?

SANTIAGO MARTÍNEZ,

militante del partido SAIn