Los inmigrantes extracomunitarios que quieran establecerse en el Reino Unido deberán pasar una serie de pruebas que demuestren su integración en el país antes de obtener la ciudadanía, según unos nuevos planes del Gobierno anunciados hoy por la ministra del Interior, Jacqui Smith.

En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, Smith detalló la propuesta gubernamental, que incluye además un incremento de las tasas del visado, en previsión de futuros gastos de los inmigrantes en los servicios públicos, y exámenes de inglés. Tras un mínimo de cinco años de residencia en el Reino Unido, quienes aspiren a obtener el pasaporte británico deberán pasar por “un periodo de prueba” de uno a tres años, dependiendo del grado de compromiso social de la persona, en los que tendrán que demostrar su integración en el país más allá de su trabajo o contribución fiscal.

Así, por ejemplo, el proceso se acelerará si el inmigrante está vinculado a ONGs, forma parte de asociaciones escolares de padres o organiza actividades deportivas, mientras que los que no hagan nada de todo esto tendrán que cumplir el máximo de tres años de prueba. Para los que infrinjan la ley, el proceso de naturalización será mucho más largo, o incluso se les negará el pasaporte.

“Ganarse” la ciudadanía

Al presentar las propuestas, rechazadas como simple “truco” por la oposición conservadora, la ministra subrayó que la reforma del acceso a la ciudadanía es la asignatura pendiente del sistema de inmigración británico. Los inmigrantes de los países de fuera de la comunidad europea, incluidos los de la Commonwealth (mancomunidad de ex protectorados y colonias del Reino Unido), deberán “ganarse” la ciudadanía, insistió Smith, en lugar de simplemente obtener el pasaporte al cabo de varios años de residencia.

Los extranjeros, entre ellos australianos o estadounidenses, no podrán perpetuar su residencia temporal, sino que, pasado un tiempo, deberán pasar al estadio siguiente de optar a la residencia permanente o la ciudadanía. Bajo los nuevos planes, que podrían o no convertirse en ley, será posible quedarse con la residencia permanente, pero se potenciará la obtención de la ciudadanía. “Nuestra propuesta para la ciudadanía es clara y simple dijo Smith. Los derechos y beneficios de ésta serán accesibles a todos los que puedan demostrar un compromiso con nuestros valores y la voluntad de contribuir a nuestra comunidad”.

El Reino Unido “es un país de libertad y tolerancia, oportunidad y diversidad”, prosiguió. “Estos valores se refuerzan con la expectativa de que todos los que vivan aquí deberían conocer nuestro idioma, jugar según las reglas, respetar la ley y contribuir a la economía”, añadió.

Aunque apoyan el aprendizaje del inglés, los “tories” rechazaron la propuesta porque consideran que, con los 15 millones de libras al año (unos 20 millones de euros) que se calcula se recaudarán con los visados, no podrá compensarse el gasto en servicios públicos como escuelas, hospitales o Policía. El Partido Conservador de David Cameron aboga por establecer cuotas anuales a la inmigración.