Tratar de que afloren los casos de violencia machista que se ocultan unas veces por miedo, otras por la fuerte dependencia emocional de la mujer hacia su agresor, es una tarea en la que está empeñada la Fiscalía de Violencia de Género desde su creación. Muestra de ello es que actualmente investiga de oficio casi un millar de casos de supuestos malos tratos en toda la provincia que no han sido denunciados por las víctimas.

La información que le trasladan los centros sanitarios y también los servicios sociales de los ayuntamientos en cuanto detectan situaciones de riesgo son de vital importancia para el Ministerio Público, ya que proporcionan la posibilidad de sacar a la luz cientos de situaciones de violencia contra la mujer que de otra manera quedarían impunes.

El pasado año fueron 990 los casos no denunciados e investigados por la Fiscalía de Violencia de Género, que coordina la fiscal Flor de Torres. Ello supone un 22% más que en 2006 y el triple de las intervenciones de oficio que realizó en 2003, año en el que se contabilizaron 303. «Desde hace cinco años las cifras siguen creciendo y ello es gracias a la más fluida comunicación y coordinación institucional que tenemos con los centros sanitarios, los servicios sociales municipales y los centros de la mujer», asegura De Torres.

Los partes de esencia remitidos por los distritos sanitarios de Málaga y la provincia constituyen una de las principales fuentes de información de la Fiscalía, ya que a partir de ellos puede iniciar la investigación de los supuestos malos tratos. «Es cierto que nos encontramos muchas veces con que la mujer no quiere declarar contra su agresor, pero eso no es un obstáculo para que el proceso penal siga adelante si se cuentan con otras pruebas», añade la fiscal coordinadora. Otro importante canal de información son los servicios sociales. «Estos profesionales están muy cerca de los ciudadanos y a menudo conocen su problemática y son capaces de detectar enseguida una situación de riesgo», explica.

Un tercio es inmigrante

La tercera parte de las mujeres que han sufrido episodios de violencia por parte de su pareja o ex pareja en Málaga son extranjeras, y en su mayoría proceden de países sudamericanos y también del norte de África. Muchas veces el temor a ser expulsadas por encontrarse en situación irregular les frena a la hora de denunciar. Para acabar con esta bolsa oculta de violencia hace dos años la Fiscalía abrió una brecha. Inició de oficio un proceso por el que solicitó al Ministerio del Interior la regularización de estas mujeres por razones humanitarias, siempre y cuando se acreditase que eran víctimas de violencia de género. «Ahora la Ley de Extranjería ya ha articulado un mecanismo administrativo mediante el cual las propias inmigrantes pueden solicitar su permiso de residencia y trabajo, sin tener que ser la Fiscalía la que actúe en nombre de ellas», informa la fiscal.

Al margen de los casos no denunciados, la Fiscalía contra la Violencia de Género ha intervenido durante 2007 en casi de 5.500 asuntos, de los que más de 4.000 eran denuncias tramitadas por los dos juzgados especializados en esta materia en la capital (este año existen tres). Igualmente ha intervenido en 386 procesos civiles por violencia de género, que ha resuelto con divorcios y custodia de hijos, entre otras cuestiones. En ese sentido, llama la atención la enorme desproporción de cifras entre asuntos civiles y penales. Flor de Torres lo explica así: «Una víctima de malos tratos no especula con soluciones de futuro; quiere una solución penal e inmediata, que es lo que más le preocupa. La demanda de divorcio es un proceso que inicia mucho más tarde».