EMILI J. BLASCO CORRESPONSAL

LONDRES. El Reino Unido implantará una tasa para inmigrantes con el objetivo de recaudar fondos destinados a hacer frente a la demanda de mayores servicios sociales – educación, sanidad y vivienda de protección, principalmente – , que supone la llegada de más población. La idea es crear un fondo para el «impacto transitorio» que suponen los inmigrantes para las arcas del Estado hasta que encuentran trabajo y comienzan a cotizar a la Seguridad Social y a regularizar el pago de impuestos.

El Gobierno aún no ha concretado la cuantía de esa tasa, destinada a inmigrantes de fuera de la UE, pero podría tratarse de un recargo del 10 por ciento sobre el precio del visado. Éste es de unas 200 libras (270 euros) en el caso de una estancia mayor de seis meses, por lo que el nuevo impuesto sería de unas 20 libras supletorias.

De todos modos, el precio variará en función del tipo de inmigrante y de la supuesta carga que vaya a ocasionar al Estado. Personas de más edad, con hipotética mayor necesidad de atención sanitaria, con hijos menores o cónyuge que no trabaje, pagarán más que los jóvenes sin nadie a su cargo.

Ingreso insuficiente

Según «The Daily Telegraph», ello supondría para el Estado unos ingresos de 15 millones de libras al año (20 millones de euros), muy por debajo de las necesidades expresadas por los entes locales del Reino Unido, de los que depende gran parte de la financiación de servicios sociales, ante la avalancha inmigratoria de los últimos años. En realidad, ésta ha sido protagoniza por los más de 600.000 inmigrantes llegados del Este de Europa, principalmente polacos, que son ciudadanos de la UE y por tanto ajenos a esos planes impositivos. También ciudadanos de ciertos países de la Commonwealth están exentos de visado.

La nueva tasa comenzará a cobrarse en abril de 2009, un año después de que este mes de marzo empiece a aplicarse el sistema de puntos para la admisión de inmigrantes no comunitarios. El sistema prima a los inmigrantes cualificados y exige un depósito económico para los menos cualificados, con el que pagar el viaje de regreso si no encuentran trabajo durante el tiempo de visado.

A todas esas trabas para la inmigración se unen las también anunciadas ayer por la ministra del Interior, Jacqui Smith, relativas al proceso de nacionalización. La ciudadanía británica tardará más tiempo en conseguirse y deberá ser «ganada» con el cumplimiento de mayores condiciones. Esto será aplicable a todos los extranjeros residentes que quieran disponer de pasaporte británico, incluidos los provenientes de otros países de la UE.

Hasta hoy, la nacionalidad podría reclamarse después de haber vivido en el país durante cinco años, con el posterior tiempo de demora en la tramitación de la solicitud. La nueva normativa exigirá que tras ese primer periodo, en el que el inmigrante es considerado residente temporal, se acceda a un periodo de prueba de al menos un año en el que se pase a «ciudadano en prueba». En ese tiempo la persona tendrá que demostrar su integración en el país: nivel de inglés, conocimiento de la historia nacional e implicación en trabajos de voluntariado comunitario.

Naturalizarse o marcharse

Según Smith, el interés del Gobierno es que todo inmigrante que lleve cinco años en el Reino Unido opte entre pedir la nacionalidad o marcharse del país, aunque la disyuntiva no puede ser obligatoria.

El Partido Conservador criticó el plan del Gobierno, porque a su juicio no ataca el problema en su raíz, que es la llegada misma de inmigrantes. Para los «tories», sería necesario un sistema de cuotas que limite anualmente el número de personas que llegan para trabajar al Reino Unido.