El Gobierno laborista británico ha presentado un nuevo sistema de puntos para regular la inmigración que favorece abiertamente a los ciudadanos de países de la UE y prevé para el resto el pago de unas tarifas – incluso superiores a los mil euros – que en teoría compensen las cargas adicionales que su presencia significa para la red de servicios públicos.

Este impuesto especial será más elevado para quienes pretendan establecerse en el Reino Unido con niños y adolescentes en edad de escolarización, o con familiares de avanzada edad que requieran asistencia médica y social, y se añadirá al coste de la solicitud del visado. La iniciativa ha sido denunciada como injusta por grupos defensores de los derechos civiles, y de “burocrática y absurda” por la oposición conservadora, partidaria de cuantificar un tope a la entrada anual de inmigrantes.

El plan, explicado por la ministra del Interior, Jacqui Smith, pretende dificultar y hacer más costosa la tradicional inmigración de países asiáticos y africanos de la Commonwealth – algunos de ellos musulmanes – para compensar la llegada masiva de ciudadanos de Europa del Este, sobre todo polacos (aunque muchos de ellos han empezado a regresar a su país conforme mejora la economía, coincidiendo con el deterioro de la británica).

El nuevo enfoque del Reino Unido a la cuestión migratoria constituye una concesión a las demandas de la extrema derecha nacionalista – concentrada en las clases blancas trabajadoras de los guetos urbanos – , cuyos votos teme perder el Labour en las próximas elecciones. Aunque todas las estadísticas señalan de modo inequívoco que los extranjeros aportan mucho más dinero en impuestos de lo que se llevan en servicios sociales, los británicos en el paro o con empleos precarios y bajo nivel educativo se quejan de que les “quitan” el trabajo, las viviendas de subvención oficial y las plazas escolares.

Las crecientes dificultades para inmigrar tienen una doble vía, económica y de cualificaciones. La primera se traduce en que cuanto más numerosas sean las familias que desean establecerse en el Reino Unido – sobre todo si tienen padres ancianos o hijos pequeños – , más dinero tendrán que aportar a un fondo de compensación que el Gobierno estima en unos 22 millones de libras esterlinas al año, y que en teoría ha sido designado para que los servicios públicos no se deterioren con más alumnos en las escuelas públicas y mayores listas de espera en los hospitales.

La segunda significa que quienes hablen inglés, conozcan la historia del Reino Unido, no tengan antecedentes penales o muestren una mayor facilidad de integración gozarán de prioridad.

El Gobierno de Brown pretende incentivar el logro de la ciudadanía británica por los extranjeros que cuenten con el beneplácito oficial, y reducir la fórmula de los permisos permanentes o temporales de residencia, a fin de “crear una identidad nacional basada en valores compartidos como la tolerancia y la justicia”. Estas limitaciones no afectan a los nacionales de países de la UE.