El Gobierno británico anunció ayer la introducción de un gravamen especial para los inmigrantes cuyo perfil sea susceptible de generar unos mayores gastos de salud o de educación. El impuesto será de unos 25 euros y se pagará como un recargo al obtener el visado de residencia temporal de seis meses, que cuesta ahora 266 euros. Con esta medida, el Gobierno espera recaudar unos 20 millones de euros. La iniciativa es muy polémica porque se trata de un impuesto finalista que grava sólo a un determinado colectivo y cuyo importe va a financiar los gastos sanitarios y educativos del Gobierno. Es cierto que, en principio, los inmigrantes utilizan más la sanidad pública que el resto de la población, pero también los ancianos o los enfermos de pulmón y no por ello se les exige que paguen más impuestos. Este tipo de discriminaciones siempre es peligroso. Los impuestos deben ser para todos por igual, sean inmigrantes o no. Si el Gobierno británico tiene problemas para financiar servicios públicos como la sanidad o el sistema escolar, lo que debe hacer es aumentar los impuestos a todos los ciudadanos. Tan injusto es gravar con tasas especiales a los inmigrantes como favorecerles a través de una política de subsidios a la que no tienen acceso los demás ciudadanos. Los residentes en el mismo país deben ser tratados con el mismo rasero fiscal, una conquista social a la que sería contraproducente – y peligroso – renunciar.