Los inmigrantes extracomunitarios que aspiren a obtener el pasaporte británico deberán “ganarse” el derecho a la ciudadanía, superando una serie de pruebas que demuestren su integración en el estilo de vida del Reino Unido, incluido el dominio de la lengua inglesa. La ministra del Interior, Jacqui Smith, presentó ayer en la Cámara de los Comunes las líneas maestras de la reforma, que introduce una tasa adicional en los visados de entrada al país para cubrir los futuros gastos en los servicios públicos como consecuencia del incremento de la población.

Con la entrada en vigor del nuevo sistema – prevista en 2010 – ya no bastará acreditar una residencia de cinco años en el Reino Unido para iniciar la tramitación del pasaporte. A partir de ese punto, aquellas personas que deseen hacerse con la nacionalidad británica pasarán a convertirse en “ciudadanos a prueba”, un nuevo estado que cubrirá un periodo de entre uno y tres años y durante el cual deberán demostrar su “compromiso social, más allá de su trabajo o contribución fiscal”. Un concepto nebuloso que promete acelerar el proceso de naturalización si, por ejemplo, el inmigrante está vinculado a trabajos de voluntariado o participa en las asociaciones escolares de padres. Las personas que integren esa categoría no tendrán un acceso completo a los beneficios públicos – la ministra no ha especificado todavía si la medida afectará a los servicios de sanidad – ni a los generosos subsidios. Las infracciones de la ley se traducirán en una interrupción del proceso o, según la naturaleza del delito, incluso a la denegación definitiva del pasaporte.

La oposición conservadora, que aboga por establecer cuotas anuales de inmigrantes, rechazó las medidas anunciadas por el Gobierno al calificarlas como un “truco” que acabará redundando en un mayor gasto y burocracia. El partido liderado por David Cameron considera insuficiente la tasa específica que se impondrá a la inmigración para cubrir las cargas sociales, y por el que el Gobierno laborista espera recaudar unos 15 millones de libras (unos 20 millones de euros) anuales. La tasa variará según las circunstancias de la persona que solicita el permiso de residencia, y se prevé que sea más alta para aquellos que tengan a su cargo a hijos en edad escolar o a personas de edad avanzada a su cargo, por el gasto sanitario que puedan suponer. Se estima que el impuesto oscilará en torno al 10% del coste habitual de un visado de residencia por un periodo superior a seis meses, que asciende a 200 libras.

Este punto ha sido duramente criticado desde los bancos liberaldemócratas – tercera fuerza del Parlamento – que calificaron a los inmigrantes como “chivos expiatorios” de los fallos del Ejecutivo en la gestión de los servicios públicos.

“Nuestra propuesta para la ciudadanía es clara y simple. Los derechos y beneficios serán accesibles a todos aquellos que puedan demostrar un compromiso con nuestros valores y la voluntad de contribuir a nuestra comunidad”, replicó Smith para defender el proyecto, cuya traducción en ley está prevista para el próximo otoño. Su entrada en vigor afectará a todos aquellos inmigrantes que no procedan de la Unión Europea, incluidos los procedentes de las ex colonias que integran la Commonwealth.

Uno de los objetivos de la reforma, explicó la ministra de Interior, es animar a los extranjeros establecidos en las islas a que no perpetúen su situación de residencia temporal (ni siquiera los más opulentos) y se decidan a optar por la ciudadanía plena o, en su defecto, la residencia permanente.