El Gobierno logró el martes pasado un importante aval social a su política de inmigración con el que intenta contrarrestar las acometidas del PP en este terreno. El partido de Mariano Rajoy había logrado hasta ahora marcar la agenda electoral con propuestas muy polémicas, como el contrato de integración para extranjeros, que cuentan con un respaldo suficientemente mayoritario, según los sondeos.

El Ejecutivo socialista ha querido en este momento rentabilizar cuatro años de fructífero diálogo e importantes acuerdos con los sindicatos y los empresarios en materia de inmigración para lo que ha buscado, y conseguido, que los agentes sociales respalden, a través de un documento, la gestión llevada a cabo durante su mandato.

Ese respaldo llega tras días y días de críticas de toda la cúpula del PP a la política de inmigración llevada a cabo por el Gobierno socialista. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó replicar a los ataques del PP calificando de “xenófobas” las propuestas defendidas por Mariano Rajoy.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, logró el martes, durante una reunión de la Mesa de Diálogo Social, que la CEOE, la CEPYME, UGT y CC OO avalaran por escrito y de forma expresa la gestión del Gobierno en ese ámbito. No era la primera vez que lo hacían. De hecho, las principales decisiones en esa materia han sido consensuadas con los agentes sociales desde que el PSOE llegó al poder.

En esta ocasión, a las puertas del comienzo de la campaña electoral, el Gobierno concede especial relevancia a este apoyo testimonial de sindicatos y empresarios debido al cariz que ha tomado el debate sobre la política de inmigración.

El respaldo obtenido por Rumí aparece detallado en un documento de nueve folios, titulado “Balance del diálogo social en materia de inmigración”, que ha sido adjuntado al acta del encuentro.

En el texto, el Ministerio de Trabajo, los empresarios y los sindicatos recuerdan que el origen del diálogo social en inmigración no comenzó hasta abril de 2004 – es decir, dos meses después del triunfo electoral de Zapatero – y que su primer acuerdo se produjo en torno al Reglamento de Extranjería. “El Reglamento”, señala el texto, “permitió sentar unas bases normativas con vocación de estabilidad concretadas, entre otros aspectos, en distintos procedimientos de regulación de flujos migratorios laborales, que comparten la vinculación entre autorización de trabajo y la integración efectiva en el mercado de trabajo”.

En ese sentido, los reunidos reivindican explícitamente la regularización de inmigrantes que ellos mismos diseñaron y que es duramente atacada por el PP y por su candidato a presidente, Mariano Rajoy.

Aquel proceso, que vinculaba la concesión de permisos de residencia y trabajo a un contrato con alta en la Seguridad Social, permitió regularizar a 600.000 personas.

El Reglamento “incluyó, como solución excepcional ante el importante volumen de extranjeros que residían y eran empleados irregularmente en el país, un proceso de normalización, excepcional, transitorio, con plazo de caducidad y sin intención de volver a repetirse en el futuro”, señala el documento. Y añade para que no quede duda respecto a la bondad de la medida: “Este proceso contribuyó sin duda a normalizar su situación y las relaciones laborales con plenitud de derechos y obligaciones para empresarios y trabajadores redundando no sólo en beneficio de ambas partes, sino en el conjunto de la sociedad”.