Los colectivos de inmigrantes de la provincia de Las Palmas han aprobado un documento que responde de forma clara y tajante a la propuesta electoral del Partido Popular que incluye un “contrato de integración” para los inmigrantes, así como al Plan de Empleo para residentes canarios con tres años de residencia fiscal aprobado por el Ejecutivo regional.

Dicho documento fue propuesto por la asociación “Uruguayos en Lanzarote” y aprobado por unanimidad durante el I Encuentro sobre Inmigración y Trabajo, organizado por CC.OO. Canarias los días 13, 14 y 15 de febrero en el hotel Suite Atlantis de Corralero, en Fuerteventura. Un encuentro al que acudieron un centenar de personas, entre ellos representantes de asociaciones y colectivos de inmigrantes, así como delegados sindicales de la provincia de Las Palmas,

Durante la sesión se expresó el “total rechazo a la utilización de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes como argumento político negativo para obtener votos en las próximas elecciones”. El documento de “Uruguayos en Lanzarote” considera que la propuesta de PP “promueve sentimientos adversos más allá de las elecciones”, y da a entender “que los inmigrantes no cumplen con las leyes españolas, no respetan sus costumbres, no pagan impuestos, no cotizan a la seguridad social y no se integran”.

Los colectivos de inmigrantes de Las Palmas recuerdan que en la Ley de Extranjería aprobada por el PP “ya incluye la obligación de irse de España cuando no se encuentre un trabajo o no se haya cotizado lo suficiente a la seguridad social”, por lo que aseguran que la propuesta de los populares es “un simple lema de campaña que no solo sirve para sembrar malestar, discordia, desconfianza y xenofobia (…) sino que además sirve de oportunísima disculpa a los gobernantes que no han sabido cumplir con sus obligaciones descargando su ineptitud en las espaldas de los inmigrantes, que ya tienen bastante peso sobrellevando los trabajos más duros y difíciles y los peor pagados de la escala laboral”.

En el documento también se exige “el cumplimiento del Pacto Canario Sobre Inmigración” para que la realidad migratoria de Canarias no sea utilizada como “arma arrojadiza” en el desarrollo de la campaña electoral. Asimismo, se rechaza el Plan de Empleo aprobado por el Ejecutivo Canario por “atentar contra la justicia Social, la Constitución Española, el derecho fundamental al trabajo, la política de integración de la Unión Europea y la competitividad de Canarias y sus empresas”.

Los inmigrantes exigen el respeto y el reconocimiento de la aportación de la inmigración “al crecimiento económico reflejado en el actual bienestar social alcanzado por la sociedad española”, el cese inmediato de los discursos alarmistas que generan miedos e incertidumbres, la aprobación del II Plan Canario de Inmigración, y la convocatoria de una mesa de diálogo entre agentes sociales, empresarios y Gobierno autónomo “para consensuar todo lo relacionado con el empleo y las políticas sociales en Canarias”.