Ambas entidades apuestan por crear un protocolo provincial para actuar ante los casos de mayores en centros de menores

vitoria. La Diputación acordó ayer con la subdelegación del Gobierno en Álava trasladarle los expedientes de 15 chicos acogidos en el centro de menores de Cruz Roja, los bautizados como mayores menores , para que inicie una investigación. La Policía Nacional, así, estudiará dos cuestiones: la filiación de los jóvenes – cómo y cuándo llegaron al país – y la autenticidad de los documentos que portan. Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de evitar la “picaresca” en este tipo de situaciones, para que menores que no lo son limiten su edad y se beneficien de los recursos forales.

El portavoz foral, Claudio Rodríguez, desveló esta situación el pasado 12 de febrero, a raíz de la saturación denunciada por los trabajadores en el centro de acogida de menores no acompañados de Vitoria, situado de forma provisional en Cruz Roja hasta que, en verano, sea ubicado de forma permanente en otra zona de la ciudad. El teniente de diputado general detalló que en Álava se está produciendo un efecto llamada entre los jóvenes, debido a las buenas condiciones del servicio foral. En la actualidad, hay 28 usuarios en el centro. Sin embargo, Rodríguez también desveló que, a petición del Ejecutivo foral, todos ellos han acudido a Osakidetza para someterse a unas pruebas óseas para determinar su edad. 15 de ellos, según este procedimiento, serían mayores de 18 años. Pero, dado que estos jóvenes poseen una documentación en la que figuran como menores, la Ley de Extranjería hace que prevalezca el peso de los papeles frente a las pruebas físicas.

A pesar de adelantar que solicitará un cambio de la mencionada ley, la Diputación también anunció la semana pasada que iniciaría una serie de contactos con otras instituciones. Ayer, la diputada foral de Política Social, Covadonga Solaguren, se reunió con la subdelegada del Gobierno en Álava, Gloria Sánchez. Ambas coincidieron en la necesidad de actuar para que, en este tipo de casos, “no se desvirtúe la finalidad de los servicios forales”, y que no haya quien “se aproveche de la protección especial que la Ley de Extranjería da a los menores”. Eso sí, Sánchez consideró que “no es necesaria” una reforma de la norma.

investigación pericial La subdelegada explicó, en declaraciones a este rotativo, que la subdelegación llevará a cabo un estudio de los casos que les facilite el Ejecutivo foral, para desvelar cómo llegaron los menores al país y para que una investigación pericial determine si la documentación que llevan consigo es falta. Si resulta ser auténtica, y fija que la edad de su portador es menor de 18 años, Sánchez insistió en que no hay discusión, por lo que la Diputación debería hacerse cargo del menor.

Preguntada sobre si cree que le han pasado la pelota en este asunto, Sánchez valoró que ante todo debe primar la colaboración institucional. De hecho, adelantó que se medita fijar estas relaciones a través de un protocolo provincial. Eso sí, también reconoció cierto malestar por haberse enterado de estos casos por los medios de comunicación.