Inmigrantes ¿votantes?

Las Provincias, 20-02-2008

CANTE JONDO

Recogen nuestras cosechas, construyen nuestras viviendas, atienden a nuestros ancianos, cuidan a nuestros niños, nos sirven el café, limpian nuestros hogares, contribuyen al superávit de la caja de la Seguridad Social…pero no podrán votar el próximo 9 – M. Son los inmigrantes.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas empadronadas en España asciende a 45. 116. 894, de las cuales 4. 482. 568 son inmigrantes. Pero no podrán votar el próximo 9 – M.

El Consejo Económico y Social (CES) advertía en un reciente estudio que la población inmigrante española la integran, fundamentalmente, jóvenes menores de 35 años. Los más fuertes, los más sanos, los más aptos y capacitados para afrontar el viaje desde el país de origen, el desarraigo familiar y las duras jornadas de trabajo que garantizan el envío de dinero a sus países de origen para la manutención de la familia que allí queda. Según el CES, los trabajadores extranjeros representan en España el 9,3 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social, y sólo el 1 por cien es pensionista. Pero no podrán votar el próximo 9 – M.

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, nuestra autonomía es la tercera región de España en recepción de inmigrantes, por detrás de Barcelona y Madrid, pero por delante de Andalucía. El conseller de Inmigración de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, apuntaba recientemente los siguientes datos: en la Comunidad Valenciana residen legalmente 727.000 inmigrantes, lo que supone el 16 por cien del total de habitantes de la región. En su mayoría son europeos, siendo los británicos y los rumanos los grupos con mayor presencia. A los más de 700.000 legales cabe sumar, siempre según los datos de Blasco, otros 80.000 inmigrantes que viven entre nosotros “ilegalmente” y, por tanto, con dificultades de acceso a servicios y atenciones básicas. Si los legales no podrán votar el próximo 9 – M, imagínense que sucede con los “no legales”.

Un reciente estudio dado a conocer por empresas del sector inmobiliario español advertía que la crisis de dicho sector se veía paliada, en parte, por las operaciones de compraventa de inmuebles protagonizadas por inmigrantes. Así, en 2007, el 17,39 por cien de dichas operaciones inmobiliarias se habían efectuado por inmigrantes, siendo la Comunidad Valenciana la autonomía donde se habían registrado un mayor número de las mismas. Pero sus beneficiarios no podrán votar el próximo 9 – M.

La Constitución Española, a través de la reforma correspondiente, contempla, desde 1992, el derecho al voto en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España procedentes de países de la Unión Europea. Se quedan fuera todos los extracomunitarios. Y ninguno, sea cual sea su país de origen, podrá votar el próximo 9 – M.

Cuando todas las administraciones, independientemente de su signo político, han puesto en marcha políticas de integración de los inmigrantes para prevenir situaciones conflictivas como las que se están viviendo en el resto de Europa, casos de Francia y Gran Bretaña; cuando el tema de inmigración ha irrumpido con fuerza en el debate electoral, con mayor o menor fortuna, sorprende comprobar cómo la bandera de reclamar el derecho al voto para los inmigrantes – un buen paso para su integración – sigue siendo reducto de ONGs y organizaciones humanitarias. No he escuchado en esta larga campaña electoral que vivimos a un solo dirigente político proponer un debate serio y riguroso, con implicaciones legislativas y parlamentarias, sobre los derechos y deberes políticos de los inmigrantes, empezando por el derecho al voto.

Dirán ustedes que largo se lo fío, pero tengo la convicción de que este es un asunto que cobrará notable actualidad en la siguiente legislatura, gane quien gane el próximo 9 – M. Si es así, en las elecciones generales de 2012 asistiremos al espectáculo impagable de ver como nuestros políticos corren a hacerse la foto con colectivos de inmigrantes porque, lo que estará en juego, serán varios millones de votos de ciudadanos, nacionalizados españoles o no, eso está por verse, cuya orientación política decidirá quien se sienta en la Moncloa. O en el Palau de la Generalitat.

Sólo cruzo los dedos, y les ruego que me acompañen en el gesto, para desear que no surja ningún líder carismático indeseable que apele a los más bajos instintos de aquellos ciudadanos que “padecen” la inmigración para erigirse en un “salvapatrias” alentador de actitudes xenófobas y racistas.

La inmigración, como fenómeno, no es un problema. Los que crean el problema son aquellos responsables políticos que durante los últimos quince años han actuado desde la ignorancia y la miopía, no incrementando la infraestructura de servicios básicos como la sanidad y la educación para hacer frente a lo que “se nos venía encima”. La culpa no es del niño, hijo de inmigrantes, que ocupa una plaza escolar, la culpa es de quien pudiendo y debiendo hacerlo no planificó un incremento de dotaciones escolares. Como no tiene ninguna culpa el inmigrante que ocupa una cama de hospital, y sí mucha responsabilidad el político que no ha trabajado para incrementar el número de plazas hospitalarias.

¿Hay inmigrantes que delinquen? Todo el peso de la ley sobre ellos, y sencillos convenios de extradición que permitan la devolución a sus países de origen. Lo que me pregunto es: ¿ A qué estamos esperando?.

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