La tasa de desempleo de la comarca se ciñe a personas con riesgo de exclusión

Lo revela un estudio desarrollado por Bidasoa Activa para conocer las oportunidades de empleo, de personas con dificultades de inserción laboral Un 30% de las empresas de la comarca tiene algún puesto de difícil cobertura

Diario Vasco, MAITANE OLAIZOLA, 20-02-2008

IRUN. DV. Las mujeres, los desempleados de larga duración, las personas mayores de 45 años, los inmigrantes, los jóvenes con escasa cualificación y los discapacitados son los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral de la comarca. La tasa de desempleo (10%), aunque es superior al resto de la provincia, en los últimos años se ha mantenido estable y se ciñe a estas personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión y que además cuentan con un nivel formativo medio – bajo o sin cualificación.

Esta conclusión se extrae de un estudio desarrollado por Bidasoa Activa en el marco del Acuerdo General por el Desarrollo Económico y el Empleo en Irun para conocer las posibilidades de trabajo en la comarca de estos colectivos. Pero según el trabajo, en Irun y Hondarribia «existen recursos suficientes para la inserción sociolaboral de estas personas, ya que un 30% de las empresas de la comarca dice tener algún puesto de difícil cobertura, bien porque no encuentran candidatos que respondan a la oferta, bien porque no hay formación específica». Por lo tanto, existe un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y los demandantes de empleo.

Estos puestos de difícil cobertura son, principalmente, el de conductor, camarero y cocinero, además de los relacionados con el sector industrial (oficiales, maquinistas, mecánicos…). «Algunas de estas profesiones requieren una cualificación alta, pero no precisan de una formación académica, por lo que se podrían orientar programas formativos hacia estos colectivos», explicaban ayer, en rueda de prensa, María Carracel y Noelia Valle, de Proxectos, empresa encargada del estudio.

Principales obstáculos

Según este trabajo, «el tejido empresarial de la comarca tiene o ha tenido en muy pocas ocasiones contratadas a personas que se encuentran en riesgo de exclusión». Los motivos que alegan los empresarios son «la falta de formación para el puesto, falta de integración con los compañeros o la desconfianza hacia estas personas», decían Carracel y Valle.

El aspecto más importante para un empresario a la hora de contratar a un trabajador es que tenga motivación por el trabajo (65%). La capacidad de trabajo en equipo (41,30%), la formación (33,30%) y la experiencia laboral (33%) también influyen en la contratación. Además, «los prejuicios dificultan especialmente el acceso a un trabajo cara al público», y teniendo en cuenta la importancia del sector servicios en la comarca (76% de las empresas), «las oportunidades de empleo se reducen», concluye el estudio.

El trabajo dedica un apartado a la situación laboral de las personas discapacitadas y de los inmigrantes. En el caso de los discapacitados, un 9% de las empresas de la comarca cuentan con algún trabajador de este colectivo, pero la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) «es desconocida por la mayoría y la no aplicación de sanciones puede estar favoreciendo su incumplimiento».

Las resistencias a la hora de contratar personas con discapacidad vienen motivadas a que «ésta se asocia con absentismo, bajo rendimiento y dificultades de adaptación», señala el estudio.

Inmigración

La inmigración supone el 5,1% de la población de la comarca, y el 80% se encuentra en edad laboral (24 – 44 años). Pero el aumento de este colectivo no ha influido en el desempleo, ya que realiza trabajos donde los autóctonos escasean.

Además del análisis del tejido empresarial, el estudio incide en las oportunidades de empleo fruto de los cambios sociodemográficos (envejecimiento de la población). Según el estudio, un 33% de los hogares de la comarca tiene una persona dependiente, pero en el 85% de los casos, las tareas las realizan las mujeres de la familia, ya que las personas necesitadas de estos servicios generalmente no pueden permitírselos. De todos modos, anualmente, un total de 1.600 mujeres realizan labores como empleadas del hogar o cuidadoras de personas dependientes, aunque el 78% no tiene contrato laboral.

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