La presión sobre el mercado negro de inmigrantes ha aumentado. Sin embargo, el volumen de infracciones detectadas, aunque ha sido mayor que en 2006, no ha registrado el mismo incremento porcentual. Tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo achacan los datos a una disminución del “mercado ilegal” gracias a los procesos de regularización. En cualquier caso, y pese a las fuertes sanciones, sigue habiendo ejemplos de trabajadores sin contrato a los que, además, en algunos casos, no pagan lo acordado.

La Inspección de Trabajo levantó en 2007 un total de 1.602 actas de infracción en materia de extranjería, lo que supuso un montante de sanciones propuestas de 10,09 millones de euros en la Comunidad Valenciana, según la propia inspección. Estas cifras revelan que durante el pasado año el volumen de infracciones se incrementó en poco más de un 16% respecto del ejercicio anterior. Sin embargo, el número de actuaciones llevadas a cabo por los inspectores registró un aumento superior al de las infracciones encontradas, y se fijó en el 27,6% al alcanzar las 12.963 visitas. Aunque la presión y control se han incrementado, no sólo las infracciones halladas han disminuido porcentualmente respecto de las inspecciones, sino que, en lo que respecta a trabajadores afectados, entre un año y otro, la diferencia pasó de 1.377 a 1.379. Es decir, las sanciones solo se refieren a dos trabajadores más que durante 2006.

Por provincias, Alicante fue la que registró un mayor porcentaje de inspecciones que acabaron en sanción, el 24,5%. En Valencia este índice alcanza un 12,6%, mientras que en Castellón solo el 5,8% de las actuaciones de los inspectores dio lugar a expedientes de infracción.

Para la secretaria general de las Comarcas del Norte de CC OO, Encarna Barragán, los datos aclaran que “tras el último proceso de regularización, en el que afloró buena parte de la economía sumergida, se ha detectado una reducción de las infracciones”. Para Barragán, el dato es positivo, aunque “sigue habiendo mucho trabajo por hacer”.

El responsable de Empleo e Inmigración de UGT Plana Alta – Maestrat – Els Ports, Ferran Ortiz, coincide en la valoración y afirma que los datos “demuestran que la aprobación de la Ley de Extranjería ha permitido que con el paso del tiempo se haya normalizando la situación de los trabajadores extranjeros irregulares”.

Para Ortiz, el bajo porcentaje de inspecciones que han acabado en la imposición de sanciones “es una muestra de que cada vez hay menos extranjeros trabajando de manera irregular gracias a que se les ha dado la posibilidad de regular su situación”. Fuentes de la Delegación del Gobierno interpretan que el hecho de que las infracciones en materia de extranjería se hayan encontrado solo en un 12% de las actuaciones que ha realizado la inspección denota que hay “poco mercado ilegal”.

Aunque la Administración no ha dispuesto los datos por sectores implicados, los sindicatos coinciden en señalar que la construcción es el que más irregularidad concentra, aunque en épocas fuertes para la campaña de hostelería y para el campo, las infracciones en estos ámbitos aumentan.

Entre las inspecciones relevantes que condujeron a una sanción durante el pasado año se recuerdan las llevadas a cabo en el campo. A finales de septiembre, los inspectores del Ministerio de Trabajo recorrieron los campos de vendimia de Requena – Utiel y la Hoya de Buñol y abrieron más de 50 expedientes a agricultores por tener trabajando supuestamente a personas sin contrato. La mayoría de ellos eran extranjeros. Un mes después, la inspección realizada en las obras de la cárcel que se construye en la localidad castellonense de Albocàsser dio como resultado 59 infracciones laborales descubiertas en 10 empresas portuguesas subcontratadas.

Según cifras del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre enero y septiembre, las actas de infracción en materia de extranjería y empleo sólo alcanzaron el 9,4% del total de las registradas en las actividades de control que realiza en la Comunidad Valenciana. La mayor parte de las actas de infracción, un 49,4%, se levantaron por irregularidades relativas a la situación de los trabajadores respecto a la Seguridad Social. Las irregularidades en materia de seguridad y la salud laboral acapararon, con más de un 28%, el segundo porcentaje respecto del total de actas levantadas. Sin embargo, aunque las actas de infracción en materia de extranjería y empleo supusieron una mínima parte del total de ilegalidades detectadas durante el año pasado, sí concentran el 25% de las sanciones impuestas. Y es que la sanción por tener sin contrato a un trabajador puede ascender a 6.000 euros.

Aún así, las multas no persuaden a algunos empresarios que mantienen a sus empleados en situación irregular. No es fácil encontrar a un inmigrante sin papeles que quiera contar su situación. Huyen de cualquier dato que pueda identificarles. Es el caso de un ciudadano procedente del distrito rumano de Buzau, de unos 40 años de edad, que lleva cuatro años en España y ha contado su situación a este periódico siempre que no se revele su identidad. Desde que llegó al país ha trabajado en la construcción, siempre sin contrato en la zona de Castellón. Hasta en tres ocasiones, sus empleadores no cumplieron lo prometido. “En cuanto llegué empecé a trabajar en una obra. Estuve dos meses y recibí 500 euros cuando me habían prometido 1.700”, explica el inmigrante. Algo parecido le sucedió hace dos años, cuando estuvo siete meses trabajando para otra empresa y solo le pagaron por tres. La última vez fue el año pasado. “Trabajé diez meses en la misma obra y sólo cobré una parte”.

Asegura que, ante los abusos, se vio indefenso: “No podemos hacer nada, porque como no tenemos contrato, no podemos hacer nada”. Durante sus años de experiencia también ha vivido “carreras” ante la llegada de inspectores de Trabajo. “Vinieron alguna vez, pero nos avisaban y nos íbamos de la obra corriendo”, relata. No confía en los sindicatos ni en las denuncias “porque otros compañeros fueron a preguntar y no sirvió de nada”. Ahora, este hombre trata de lograr los papeles que le permitan regularizar su situación en España mediante el mecanismo de la agrupación familiar.