TAPACHULA, Chis.— Explotación, abuso, discriminación e ilegalidad son los ingredientes de la mezcla de café amargo que se produce en las fincas chiapanecas.A unos cuantos kilómetros de Tapachula, en las grandes explotaciones cafetaleras, es posible atestiguar una especie de esclavitud moderna que se alimenta del sudor, pobreza y necesidad de los trabajadores agrícolas guatemaltecos.Así ha sido durante décadas, pero el abuso en contra de estos trabajadores es poco denunciado.De tan común y cotidiano, pocos en Chiapas se atreverían a calificar como ilegales las condiciones en las que se subsiste en las fincas, no sólo de café, sino de plátano, cacao y caña de azúcar.Como en la época de la hacienda feudal, está prohibido salir mientras dure el contrato de trabajo; el alimento, techo y cuidado lo provee el patrón; y lo que no da él, sale del bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya.“Así es la vida del pobre, dichoso el que vive de otra forma” suelta con dolorosa crudeza uno de los trabajadores guatemaltecos que espera en la Casa Roja del Instituto Nacional de Migración, justo en la frontera de Talismán, su permiso temporal de trabajo.La peregrinaciónDía a día, sobretodo en los últimos y primeros meses del año, es posible observar la peregrinación de cientos de familias guatemaltecas hacia las grandes explotaciones agrícolas del sur de México.“Se trasladan a Chiapas siempre con sus familiares, con sus esposas e hijos”, explica una funcionaria del ministerio del Trabajo de Guatemala, ubicado a unos pasos del cruce fronterizo.Los jornaleros visten con pantalones viejos, sucios y rasgados. Algunos llevan tenis desgastados o guaraches empolvados. Cargan mochilas o hasta maletas con ruedas para arrastrar. En la ropa, aseguran, se distingue a quienes buscan migrar a Estados Unidos.Llegan a esperar, para ser enganchados o para que se tramite su permiso, de dos a tres días.No requieren de herramienta para el corte de café porque esa la facilita el patrón, pero “no nos dan los trastes donde comer” por eso cargan con toppers, dice un joven de no más de 20 años, pero ya acostumbrado al trabajo de la finca.Tan sólo en enero pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) documentó a 3 mil 900 trabajadores agrícolas guatemaltecos para el trabajo en alguna de las 520 fincas registradas en Casa Roja.Los contratos duran entre cuatro y seis semanas y la paga va de 50 a 100 pesos por caja de café: “si están un poco chuecos los cafetales pagan 100 para que la gente aguante”, explica Emilio Aguilar, un contratista.Pero aun ganando poco, la paga del lado mexicano es mayor a lo que se ofrece en Guatemala.Por eso los jornaleros se venden por casi nada: “los mexicanos tienen el derecho de apoyar que les paguen otro precio, pero nosotros, como guatemaltecos, el precio que nos dicen, ese es” señala Demesio Velázquez, quien esperaba partir hacia Huixtla con su familia.Antes de cruzar a México escucharon la perorata que siempre precede su salida a las puertas del ministerio del trabajo: “¿Saben que van a la pizca de café en la Finca el Portillo? ¿Que el precio es de 52 por caja? ¿Que el contrato incluye dos tiempos de comida?… como derecho tienen las habitaciones, la asistencia médica, que no los tengan a la intemperie, que tengan techo”.RutinaLa jornada laboral inicia a eso de las seis de la mañana. Antes de coger rumbo al monte por caminos accidentados y pendientes acentuadas, hombres y mujeres, “patojas y patojos” y, en ocasiones, recién nacidos envueltos sobre el torax de su madre, se sientan apretados en las largas bancas de los comedores comunales.Ahí desayunan lo de todos los días, y lo que comerán al final del corte: arroz, frijoles y tortillas.Y si el finquero es generoso, en la noche tendrán derecho a una colación de pan duro y té. No hay más.Para la leche, atún, galletas o para cualquier alimento adicional “la finca tiene tiendas y nos van descontando después”, explica uno de los trabajadores del cafetal San Antonio, en la zona más alta de Tapachula.Y dice sin ironías, “si uno se pone a comprar se regresa con nada”.Así, con poco en el estómago empieza la rutina.Trepar, alcanzar, acarrear a lomo, caminar, escoger y luego, 24 horas después, volver a empezar. Lo hacen los hombres, las mujeres y los niños.Cerca de la una de la tarde comienza el regreso hacia los galerones donde se separa el café. Pueden ser recorridos de más de una hora con costales repletos de cereza que duplican el peso de quien los lleva a cuestas.Y ahí también se observa a niños y niñas, encorvados, que descienden con más agilidad que los mayores. Ya sentados en el suelo, mientras separan de manera automática el grano rojo del verde, emergen las historias de vida:“Tiene siete años que me dejó mi esposo y desde esa fecha estoy trabajando aquí”, relata una mujer menudita con el cabello pegado al rostro empapado en sudor.Delante de ella, y sin levantar la mirada, está su niña de seis años, a “la que no le gustó la escuela” por lo que un año pizca y otro no, como hace un gran número de familias que educan de manera itinerante a sus hijos con la esperanza de que por lo menos lean y escriban.“¿No está muy chiquita para decidir?”, la respuesta es tan fría y cruda como el galerón de la finca donde todo es trabajo y no hay jugueteo a pesar de que hay un gran número de niños. “Esa es su profesión”, dice sin dejar de separar los granos.A escasos metros de ellas, también sentados en el suelo, están Giovanni y su hermano Israel, de 10 y 7 años, respectivamente. Acaban de depositar la carga que como burros acarrearon de la parte más alejada de la finca.“Esto lo recogimos entre todos y lo echamos aquí”, indica Giovanni, quien, dice, “ya tiene tiempo” dedicado a la pizca, al menos desde que los dejó su papá.—¿A qué hora les toca la comida?—A las dos de la tarde.—Estás a punto de perdértela.—Ya pues.—¿Si no has acabado comes o sigues trabajando?—Sigo trabajando.Ayudan a su madre y resulta lógico. En las fincas, no hay escuelas, y sí muchos incentivos para que ellos laboren. Se paga por caja y por ende: más manos, más paga.“El domingo no es obligado pero nosotros por unos centavitos, sí vamos a cortar”, indica Norma.Autoridades en complicidadEl trabajo es voluntario, pero a decir del Quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Farah, se estaría tipificando “la trata de personas”.Agrega que hay complicidad de “las autoridades locales, del estado y federales” porque conocen las condiciones en las que se encuentran los jornaleros, saben “que permanecen en la finca, que no pueden salir, que se les cobra el alimento y que son obligados a trabajos en condiciones inhumanas y degradantes”.Las galleras pueden ser pequeños cuartos con colchones o un establo con costales. “Si tenemos dónde dormir, bien, si no, qué le vamos a hacer”, dice Obdulia.En la Finca San Antonio se cuenta con una serie de cuartitos separados para las familia —que se acomodan como pueden—, y una especie de nave industrial de lámina y sin ventanas para los hombres solteros, quienes duermen en literas metálicas de tres niveles y sin colchón, pero cubiertas con plástico “para que no se cuele el frío”.Pocos denuncian ante migración sus condiciones laborales, sólo cuando les reducen su pago final. “Encontramos a empleadores explotadores que quieren abusar de ellos y finalmente este círculo vicioso termina por completarse con una autoridad omisa tanto en la regulación, como en la aplicación de la ley” expone Farah.Otra de las prácticas comunes contra los jornaleros es la retención de sus documentos.Las autoridades migratorias impiden la salida a los jornaleros hasta que llega el transporte de los finqueros que los lleva a la explotación.“Los documentos se los dan al patrón y al término del trabajo nos los entregan”, indica Walter.“Lo que pasa es que hay personas que llegan un día y se retiran, entonces el finquero ya invirtió” intenta explicar la agente de migración, Iris Marbella Mejía, y que a la pregunta expresa sobre la legalidad de retener documentos responde “no, no sé”. Y luego justifica: “muchas veces el trabajador confía en el patrón”.Pero Mauricio Farah aclara que “es ilegal y penoso que el personal del INM no conozca la ley, porque eso implica permitir que el empleador pueda mantener al trabajador en condiciones de esclavitud”. Tampoco la Secretaría del Trabajo verifica las fincas.