gasteiz. Aunque el cargo le imponga manifestaciones y comportamientos de contención y templanza, las opiniones vertidas por Iñigo Lamarca son suficientemente claras e incisivas como para pensar que iría mucho más allá de ellas, si no fuera porque el Ararteko tiene unas funciones específicas en un ámbito concreto de actuación: ser la voz de la conciencia social de los derechos humanos para todos los ciudadanos ante las instituciones de Euskadi. Una conciencia social que para el Ararteko pasa no sólo por las leyes y su cumplimiento en la letra, sino por la interiorización de los derechos de los demás en el propio ámbito específico de actuación de cada individuo ciudadano; al hilo de esta reflexión, podría decirse que para el Ararteko, “mis derechos se consolidan en el respeto que yo tenga al de los de los demás y viceversa”.

En este campo de juego, Iñigo Lamarca, como Defensor del Pueblo Vasco, no escatima esfuerzos para defender aquí y en cualquier lugar, los derechos humanos para todos, bien mediante campañas de sensibilización bien con actuaciones directas, informes, reclamaciones, solicitudes y exhortos ante instituciones, entes o personas que transgreden los derechos de los demás o no les permiten ejercerlos.

Los inmigrantes y su situación serán probablemente uno de los puntos calientes entre Ararteko y la Administración vasca. ¿Cómo están atendiendo a esta realidad? ¿Cómo responden a sus planteamientos?

En contra de lo que pudiera pensarse, lo relacionado con la realidad de las personas inmigrantes no es lo que más tiempo nos lleva en la institución. Es todo aquello que tiene que ver con los derechos sociales y con políticas públicas dirigidas a las personas más desfavorecidas lo que más ocupa nuestro trabajo. Solemos decir – y es cierto – – , que el nivel de vida en Euskadi es elevado, pero aquí también existe exclusión social, bolsas de pobreza; gente que lo pasa mal, que está muy necesitada. Las políticas públicas en materias de derechos sociales, con ser razonablemente buenas, no están cubriendo todas las necesidades. Esto hace que la mayor parte de nuestro tiempo y trabajo lo dediquemos a tareas relacionadas con políticas y derechos sociales para los colectivos más necesitados. En cuanto a la inmigración, con un porcentaje del 5%, muy bajo con respecto a otras zonas del Estado, en Euskadi nos hallamos en un momento idóneo para anticiparnos a posibles situaciones de desigualdad, de desestructuración social que puedan darse a futuro con la inmigración. No olvidemos que es una población que viene aquí a trabajar, huyendo de la miseria.

¿Existen actitudes xenófobas o racistas en Euskadi?

Son muy minoritarias. Además, es de justicia reconocer que las personas que vienen a Euskadi son un activo necesario e importantísimo; hay que acogerlas con los brazos abiertos y hacer el esfuerzo necesario para que el grado de integración y cohesión social sean buenos.

¿Quiénes son más receptivos a sus planteamientos y requerimientos?

Las resoluciones que emitimos no son de obligado cumplimiento, sino simples recomendaciones. Lo cual es bueno. Siempre defiendo que esto sea así, porque cuando analizamos una demanda social, una queja, tenemos que hacerlo desde la perspectiva no sólo de la legalidad, sino desde el punto de vista de una mejora continua de las actuaciones, de las políticas públicas, conforme al principio de la buena praxis administrativa. La obligación del Ararteko, al igual que la de cualquier Defensoría, es trabajar con rigor y generar argumentos que fundamenten nuestra posición. Debemos convencer y persuadir a las Administraciones, bien en la tramitación de una queja o en el diagnóstico que hacemos de una realidad, para que mejoren sus actuaciones. Y tengo que decir que en los 19 años que lleva la institución, el grado de eficacia de la actuación del Ararteko ha sido alto. Estamos en más del 85% en lo que son las recomendaciones vinculadas a tramitación de quejas.

Hace poco murió una – otra más – presa en Nanclares. ¿No levanta sospecha sobre el funcionamiento del centro penitenciario tanta muerte? Me consta que el Ararteko lo ha denunciado repetidamente.

Las cárceles son dependencias que están en el ámbito de la Administración del Estado; no tenemos, pues, capacidad de investigación. No obstante, las prisiones son un ámbito para el Ararteko, o para cualquier institución que se preocupe y ocupe de los derechos humanos, en el que hemos intentado intervenir. Yo, con la autorización pertinente, giré una visita a las tres cárceles vascas y este año repetiré. La situación de estas prisiones es manifiestamente mejorable. La propia Dirección de Instituciones Penitenciarias ha reconocido las deficiencias de Nanclares y Martutene. La población reclusa del Estado es de las más altas de Europa y eso se debe a un endurecimiento de la legislación penal y penitenciaria que no trajo parejo un aumento de los recursos.

Hay un desfase entre la población reclusa y los recursos existentes

No sólo hay que aumentar los recursos, sino que también se debe favorecer que los cumplimientos de las penas – ya se está haciendo en parte – no pasen necesariamente por un ingreso en la cárcel. Tiene que haber una aplicación más extensa de los segundos y terceros grados. También es importante señalar que se ha de cumplir rigurosamente el principio de que los reclusos tengan un tratamiento que, además de respetar sus derechos como personas, les ofrezca actividades que posibiliten su reinserción en la sociedad.

Derechos individuales fundamentales. Ante las ilegalizaciones políticas, ¿reciben quejas de personas por ser excluidas (vía administrativa) del proceso político sin haber cometido delito alguno?

La institución del Ararteko tiene el ámbito de actuación que nos exige la ley. Fuera de ahí no podemos actuar porque va contra nuestra norma reguladora. Hay dos campos en los cuales no podemos intervenir. Uno, cuando un asunto es objeto de procedimiento judicial. Y otro, en las actuaciones de la Administración del Estado. En el Ararteko nos tenemos que atener al ámbito para el cual hemos sido elegidos. Se presentaron quejas con motivo de la exclusión electoral de Aukera Guztiak; no pudimos habilitar un expediente de queja, pero sí elaboramos un informe que recogía – de forma descriptiva, porque no tenemos competencia para actuar – la jurisprudencia que en materia de ilegalización de partidos y exclusión de procesos electorales se había dado en España por parte del Tribunal Supremo y del Constitucional, pero también la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

¿A qué doctrina y jurisprudencia se acogió el Ararteko?

Sin dar ninguna resolución ni llegar a ninguna conclusión – porque no es nuestra competencia y si lo hiciéramos nos desacreditaríamos como institución – nos acogimos a la interpretación y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. A la hora de buscar respuestas, hemos intentado hacer una comparativa de los derechos desde los puntos de vista más favorables al individuo. Nosotros lo único que hemos podido hacer, como respuesta, ha sido incrementar nuestras campañas de sensibilización social en pro de los derechos humanos para que todas las normas se apliquen bajo el prisma de lo más favorable a los derechos civiles de la ciudadanía. Siempre decimos – porque pensamos que lo tenemos que hacer – que la interpretación que se haga de las leyes aprobadas por el órgano legislativo parlamentario que corresponda, tiene que ser lo más favorable posible al ejercicio de los derechos de las personas. Y hasta ahí llegamos.

Las recomendaciones del Ararteko a favor de la accesibilidad para discapacitados (en la calle, empresas…) son conocidas. ¿Son igualmente bien recibidas?

Las soluciones que editamos en este campo son de mucho peso. Siempre lo son. Pero, así como en otros casos puede haber interpretaciones de una misma ley, en la inmensa mayoría donde hemos dado recomendaciones al encontrar barreras arquitectónicas, los argumentos han sido incontestables. Aquí no hay interpretaciones diferentes a lo que dice la ley, porque la norma cada vez es más exigente. Se están produciendo avances en la ley, pero hay muchas barreras en inmuebles. Y en personas mayores, con grado de dependencia o no, se dan situaciones terribles. Algunas tienen tantas limitaciones físicas que, si viven en un sitio alto, les resulta casi imposible el uso de las escaleras.

¿Las ordenanzas municipales se dirigen a evitar estas situaciones?

Como desiderátum, las Administraciones tendrían que ser más exigentes en la valoración de leyes y ordenanzas municipales que vayan en la dirección de que no haya ninguna persona que, por sus limitaciones, no pueda llevar una vida normal. Pero también haría un llamamiento para que nos sensibilicemos y primemos su calidad de vida frente a los intereses económicos.

“Hay que decirlo con orgullo: en Euskadi las actitudes xenófobas o racistas son del todo minoritarias”

“El grado de eficacia de la institución ha sido muy alto; estamos en el 85% en tramitación de quejas”