bilbao. El 80% de propietarios particulares aplican algún tipo de discriminación a la persona inmigrante que les va a alquilar su vivienda. Cuando se trata de inmobiliarias el porcentaje es de un 55% las que no dan opción a los inmigrantes. Estos son los resultados de un estudio realizado por SOS – Racismo con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao. La importancia de un alojamiento coincide con lo que ponen de manifiesto muchas personas de origen extranjero, que consideran la vivienda como tercera preocupación por detrás de la situación administrativa y el empleo.

A veces, la iniciativa es del propietario del piso, pero en otros casos, las propias agencias preguntan si se está dispuesto a alquilar el inmueble a personas extranjeras. La pregunta forma parte del formulario. “¿Dígame las características del piso, metros, habitaciones, si está dispuesto a que esté alquilada por extranjeros, extranjeros comunitarios o de cualquier país…?”. La vivienda no es sólo un aspecto que puede ser considerado crucial para la integración de las personas inmigrantes, sino que se trata de una de las necesidades básicas para toda persona, cumpliendo funciones que resultan imposibles de cumplir de otra manera.

Tres parejas han simulado la búsqueda de un piso de alquiler en Bilbao. Uno de los miembros de la pareja era una persona autóctona miembro de SOS – Racismo y la otra una persona inmigrante (los países de procedencia eran Brasil, Marruecos y Senegal) colaboradora de la asociación. Para evitar posibles sesgos la pareja era del mismo sexo, edad parecida y relataban el mismo tipo de demanda. Además, se creó un escenario común a todos los y las simuladores. A cada pareja se le asignaron una serie de ofertas. Para evitar que el rechazo en el alquiler pudiera ser justificado por las diferentes fechas en las que los simuladores hubieran llamado, ambos miembros de la pareja realizaron la llamada el mismo día con unas pocas horas de diferencia entre una y otra.

El estudio pone de manifiesto que el acceso a la vivienda por parte de las personas inmigrantes debe sortear dos trabas importantes. Una de ellas son las circunstancias de acceso a la vivienda para la población autóctona que de por sí ya tiene una serie de condicionantes como los altos precios, la baja tasa de alquiler o las ayudas para el acceso a la vivienda que son las más bajas de la UE. Por otro lado, la propia condición de inmigrante agrega una serie de dificultades para acceder a la vivienda de alquiler debido a la negativa de muchas de las personas propietarias a alquilar a gente extranjera.

Según los miembros de SOS – Racismo estos aspectos discriminatorios conducen a hablar de procesos de exclusión residencial. El sociólogo Luis Cortes, en su estudio sobre vivienda y exclusión social, propone considerar que existe una situación de exclusión residencial cuando las condiciones que articulan la construcción social de las necesidades de alojamiento no se cumplen de forma adecuada. Analiza en este sentido que “la exclusión residencial implica la existencia de un proceso de deterioro de las condiciones de alojamiento de las personas afectadas que quedan en una situación de inferioridad estructural y, por tanto, de deterioro e incumplimiento de sus derechos residenciales”. Añade que "no debe limitarse la exclusión residencial a las situaciones más extremas (como la falta de techo), sino que es preciso valorar todos los problemas que aparecen en el proceso de habitar la vivienda.

El precio medio de un alquiler es de 830 euros pero incluso se puede dar el caso de que se encarezca cuando se trata de un alquiler a un persona inmigrante.

Según el estudio realizado, el 63,3% de los propietarios contactados alquilaba a la persona autóctona, pero cuando llamaba la persona inmigrante le rechazaban. Por lo tanto en un 63% de los casos ha existido una discriminación por el hecho de ser inmigrante a la hora de acceder al alquiler, según los datos aportado por SOS – Racismo.

En 6 de los 7 casos en que no alquilan a inmigrantes, la excusa es que el piso ya estaba alquilado. Uno de ellos comentó directamente que no alquilaba a personas extranjeras. En otro de los casos, a pesar de que a la persona inmigrante no le comentó nada, a la autóctona sí que le dijo que no admitía a personas inmigrantes, por lo que de los 7 casos en que existió discriminación, en 2 de ellos el propietario lo explicitó claramente. Los otros 5 aunque no dijeran directamente no admitir personas extranjeras, su actuación denotó lo contrario.

Pero incluso en los casos en que se hizo posible el alquiler destaca como condición la fianza que es exigida en 9 de los casos. Algunos de los propietarios exigen el adelanto de 2 – 3 meses y otros el pago de una cantidad de dinero que varía entre los 300 euros de un propietario que sólo alquila a estudiantes, a los 900.

El aval bancarios fue pedido por 8 de ellos. Dicho aval fluctuó entre los 9 meses y el año del coste de la renta. Existió algún caso en que se pide tanto la fianza como el aval bancario, lo que suponía un desembolso inicial muy fuerte que no cualquier persona puede afrontar.

el estudio

· Las personas. Se contó con tres parejas de simuladores. Uno de los miembros de la pareja era una persona autóctona y la otra una persona inmigrante. Se creó un escenario común a todos.

· Los países. Eran procedentes de Brasil, Marruecos y Senegal.

· El campo. Se llamaron a 60 ofertas de particulares, 20 cada pareja seleccionadas al azar entre todas las existentes.

· Número de ofertas. El total de ofertas localizadas en los diferentes medios de comunicación era de 418.

· Distritos. La mayoría de las ofertas están ubicadas en el distrito 6 de Abando y le sigue mucho más alejado el distrito de Ibaiondo.

Según el informe de Sos – Racismo, estas circunstancias llevan a hablar de casos de exclusión social

En muchos casos se establecen condiciones diferentes de garantía si el alquiler es a una persona inmigrante

La doble moral

Hace poco más de un año saltó a los medios de comunicación el caso de una familia de inmigrantes que vivían en una lonja ilegal. Se habló entonces de lonja patera y también de hacinamiento. La situación no era reciente. Al parecer llevaban bastante tiempo en esta lonja y tampoco era el único caso probablemente. Se le acusó a los responsables de Urbanismo de consentir situaciones de esta naturaleza e incluso los propios vecinos apoyados por los grupos de la Oposición en el Ayuntamiento de Bilbao instaron a tomar una decisión que acabara con la situación irregular. Al producirse la denuncia inmediatamente se le obligó a esta persona a desalojar la lonja y alquilar un piso. Y, entonces ocurrió lo que era previsible. Nadie quería que la familia siguiera viviendo en la lonja, que por otra parte, no era una lonja patera, sí ilegal, pero en todo caso bien acondicionada. Pero, una vez desalojada la familia, tampoco nadie quería alquilarles un piso al matrimonio que además tenían un niño pequeño. Así estuvieron en casa de amigos…hasta que finalmente se lanzaron a la aventura de comprarse un piso. En su caso pudieron hacerlo, otro no. >o.sáez