Fede García cree que el Ejecutivo foral “debería cuidarse de lanzar alarmas” sobre los acogidos en la Cruz Roja

vitoria. “La duda ofende”. La polémica en torno a los mayores menores acogidos en el centro de Cruz Roja de Vitoria sigue provocando reacciones entre partidos y colectivos del territorio. En este caso, el portavoz de SOS Racismo Araba, Fede García, cree que la Diputación ha cometido un error al reconocer su suspicacia con los papeles aportados por los chicos extranjeros, en los que se certifica que son menores a pesar de que, en unas pruebas óseas, Osakidetza concluía que la mitad de los atendidos supera los 18 años. García cree que el Ejecutivo “debería cuidarse de lanzar alarmas”.

Fue el portavoz foral, Claudio Rodríguez, quien el pasado martes anunció que 15 de los 28 menores que residen en el centro de menores serían mayores de edad según unas pruebas óseas. El teniente de diputado general explicó que esta instalación – que es provisional y que, antes del verano, será sustituida por otra en Vitoria – afronta un continuo ir y venir de usuarios. En concreto, habló de un efecto llamada , ya que los chicos avisan a otros compañeros de las buenas condiciones del centro gasteiztarra, lo que ha llegado a colapsar el servicio.

La cuestión es que, ante las dudas surgidas en el Ejecutivo sobre la edad de varios de estos menores, decidió solicitar que todos pasaran unas pruebas óseas. Éstas concluyeron que más de la mitad superan los 18 años. Sin embargo, los afectados disponen de una documentación en la que figuran como menores. La Ley de Extranjería, en estos casos, hace que prevalezcan los documentos a las pruebas médicas, algo que por tanto sigue haciendo responsable a la institución foral de estos mayores menores , como un día después los calificó la diputada de Política Social, Covadonga Solaguren.

revisión A raíz de esta situación, el Ejecutivo consideró oportuno pedir una revisión de la Ley de Extranjería, que permita “casar” las dos pruebas: la médica y la que atestigua el papel. El Gobierno foral, además, adelantó que contactará con la Delegación del Gobierno y la Fiscalía para aclarar la fiabilidad de estos papeles. Y es que, según el Ejecutivo, cuando estos chicos llegan a Canarias en cayuco, se registran en la Policía como mayores, pero luego al trasladarse a otras zonas del Estado ya disponen de una documentación que les presenta como menores. En todo caso, garantizó que no habrá expulsiones del centro.

Sin embargo, las declaraciones surgidas del Palacio provincial no han sentado bien en SOS Racismo. Fede García cree que, por muchas pruebas que se realicen, “la veracidad de esos documentos debería quedar fuera de toda duda”. Insistió en que las pruebas óseas “no tienen legitimidad” y que, con sus palabras, el Ejecutivo está “generando sospechas sobre una actitud fraudulenta” de estos jóvenes.