Human Rights Watch advierte de que el sistema judicial es débil y las minorías y las mujeres sufren constantes abusos Nace el Kosovo independiente, pero ¿qué tipo de país debería ser? A esta pregunta intenta responder la Agenda de Derechos Humanos para un nuevo Kosovo, que el viernes hizo pública Human Rights Watch, que incide en que el nuevo Gobierno y sus socios internacionales «tendrían que construir un estado basado en principios democráticos y el imperio de la ley».

El panorama que dibuja el informe es desolador: «Kosovo es un lugar donde se violan con frecuencia los Derechos Humanos, la impunidad es normal, y los crímenes políticos, la intimidación y la discriminación son un lugar común». Sin embargo, tras años en los que el debate se ha centrado en aspectos políticos (el estatus), se ha llegado a un punto de inflexión. «Tenemos ahora la oportunidad de que el debate se oriente por fin a los problemas concretos», señala Wanda Trosczynska – van Genderen, investigadora sobre los Balcanes de HRW en conversación telefónica con EL MUNDO.

El memorándum identifica siete zonas de sombra en lo que concierne a los Derechos Humanos. Las principales preocupaciones para esta organización internacional se refieren a la debilidad del sistema judicial; los abusos y la violencia que sufren las mujeres y las minorías, especialmente los gitanos, ashkali y egipcios; las dificultades para realojar a los desplazados y refugiados; la necesaria supervisión de los organismos internacionales; y las dificultades para impulsar la reconciliación interétnica.

«Hemos perdido un tiempo precioso en los nueve años de administración de la ONU. Se han ido retrasando acciones que eran urgentes. Ahora esperemos que la misión de la Unión Europea pueda hacerlo mejor», comenta Wanda Trosczynska – van Genderen.

En este sentido, el informe hace un llamamiento dirigido a la misión de la Unión Europea para que una vez que la provincia serbia se independice adopte «medidas urgentes para mejorar la situación de los Derechos Humanos».

La violencia contra las minorías han sido una tónica en la posguerra de Kosovo. Los incidentes y los actos de vandalismo han sido continuos, si bien se han reducido ahora que serbios y albanokosovares viven separados geográficamente. Además de protección frente a la violencia se precisa que los responsables paguen por sus crímenes.

En cuanto a los desplazados, se encuentran con el grave problema de no poder volver a sus casas, por haber sido ocupadas. La mayoría de los albanokosovares han podido instalarse en sus hogares. Sin embargo, de los 250.000 serbios que salieron de Kosovo, y se instalaron en Serbia, Montenegro y Macedonia, a partir de 1999 muy pocos han regresado voluntariamente. Según el ACNUR, sólo 17.938 han vuelto, de ellos unos 2.000 el año pasado. Además, los kosovares de etnias minoritarias como los gitanos, ashkali y egipcios, viven en pésimas condiciones en centros colectivos como el de Plementina, ahora desarticulado.

Una preocupación básica para Human Rights Watch es el deficitario sistema judicial, hasta ahora dejado de lado por las instituciones internacionales, según esta organización. «La mayoría de los crímenes de guerra siguen sin castigo, y no hay apenas persecución del crimen organizado y la corrupción», subraya el texto. Según señala HRW, sería fundamental para avanzar en este terreno que se impulsara un programa de protección de testigos. Y ahí tendría la palabra la misión de la UE, por sus competencias en labores policiales y de administración de Justicia.

Para que todas estas asignaturas pendientes se resuelvan sería básico que el nuevo Kosovo promoviera la reconciliación, lo que conlleva perseguir a los criminales de guerra y aclarar el destino de los 2.000 desaparecidos, la mayoría albanokosovares. «Dinero no va a faltar, pero es necesario que los políticos entiendan que no sólo hace falta dinero, que los Derechos Humanos han de ser una prioridad», concluye la experta en los Balcanes.