España es el país de Europa que más inmigrantes recibe y el segundo del mundo después de Estados Unidos. Sin embargo, Zapatero no ha sido capaz de desarrollar una política de inmigración válida para ordenar este fenómeno. Por el contrario, su proceso de regularización masiva sólo sirvió para generar un monumental “efecto llamada” y para concitar las críticas de nuestros socios europeos al haberse hecho de espaldas a ellos.

Es evidente que la inmigración representa una aportación imprescindible para el desarrollo de España. Las gentes que buscan encontrar entre nosotros nuevos horizontes merecen una acogida que posibilite su realización personal y su integración social. Esa acogida debe efectuarse cimentada en la ley, en el realismo y en el sentido común so pena de convertirla en una mera referencia teórica. Por eso es chocante que una vez más el Gobierno trate de disfrazar su fracaso en este ámbito recurriendo a demagogias descalificatorias en relación con las propuestas del Partido Popular mientras abandona a su suerte en las calles a miles y miles de inmigrantes ilegales transportados a la Península con nocturnidad en vuelos desde Canarias. Nadie discute que España ha de seguir abierta a quienes desean vivir en ella. Ahora bien, lo que se dice es que para evitar indeseables brotes xenófobos lo que hace falta es fijar con claridad el campo de derechos y obligaciones recíprocas a fin de ahondar en una convivencia armónica y sin recelos.

Así, pues, corresponde a nuestra sociedad ofrecer al inmigrante respeto a sus costumbres siempre que no choquen con las leyes vigentes, enseñarle nuestro idioma, facilitar su acomodación a la realidad española, formarle para que encuentre empleo, ofrecerle una asistencia integral que le permita sentirse parte del quehacer colectivo de España y ayudarle a regresar a su país si desea hacerlo y carece de medios para ello. Corresponde a aquel cumplir con nuestro ordenamiento jurídico, querer incorporarse plenamente al entorno en el que vive, no autoexcluirse por sumisión a fundamentalismos de cualquier signo y ser consciente de los valores identitarios de su nuevo medio. En esto consiste básicamente el “contrato de integración” anunciado por Mariano Rajoy. Es un instrumento útil para quienes buscan sumarse a España porque compromete al Estado en su protección y les singulariza como sujetos de derechos y deberes en régimen exacto de igualdad al propio de los nacidos aquí. Decir de esa iniciativa otra cosa es faltar a la verdad por más que el coro zapateril se empeñe en ello con su habitual descaro panfletario.

Ya puestos, lo que ese coro debiera explicar es por qué consideran que es mejor seguir dejando que las cosas vayan como van. ¿Cree el Gobierno que es mejor que seis mil hombres y mujeres hayan muerto o desaparecido en aguas canarias en estos últimos cuatro años al tratar de llegar ilegalmente a España? ¿Cree el Gobierno que es mejor que deambulen sin horizonte por nuestro país más de un millón de inmigrantes clandestinos? ¿Cree el Gobierno que es mejor persistir en la explotación laboral infrahumana que padecen muchos de ellos? ¿Cree el Gobierno que es mejor pagar sus facturas a ERC dejando sin dotación en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 al Fondo de Acogida e Integración de Inmigrantes y teniendo después que acudir a un apaño con cargo a la deuda pública? ¿Cree el Gobierno que es mejor que el inmigrante ilegal sea esclavizado por mafias que trafican a su costa y que el inmigrante legal se vea injustamente perjudicado en su imagen respetable por causa de la alarma social que provocan ciertos individuos y bandas delictivas contra las que hay que actuar desde la ley y con decisión?

Sin duda, para impulsar una política de inmigración humanista, solidaria y moderna, urge dotar a esta de elementos bien definidos. Promover la contratación en los países de origen conforme a las necesidades de demanda por sectores laborales concretos, eliminar trabas injustificadas para el empleo que se dan hoy en la legislación española y que afectan a ciudadanos hispanoamericanos, reforzar la capacidad operativa de Consulados y Embajadas o coordinar desde criterios objetivos con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas la financiación y actuación asistencial para la integración son algunos aspectos sustanciales de lo mucho que queda por hacer. Control eficaz de fronteras, cooperación internacional, repatriaciones y expulsiones son también capítulos a redimensionar en función de la tarea que tienen encomendada en nuestro Estado de Derecho.

En definitiva de cara al 9 de marzo es preciso que todos seamos conscientes de las magníficas posibilidades que ofrece el hecho inmigratorio pero también de sus quiebras si seguimos como hasta ahora. Hay que apostar por un Gobierno nuevo capaz de hacer de España una sociedad integrada en la que ni el credo ni el color de la piel ni el origen establezcan diferencias inaceptables en el seno de una nación de ciudadanos auténticamente libres e iguales.