La Policía ha detenido en el Estado español a 99 personas, integrantes de una banda internacional de origen rumano especializada en la clonación y falsificación de tarjetas de crédito que podría haber estafado unos 6 millones de euros y que, en ocasiones, operaban en colaboración con los dueños de comercios. La operación, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y desarrollada junto a la Guardia Civil y agentes de Europol, ha permitido arrestar a otras 26 personas en nueve países europeos y Turquía.

Según informó el Ministerio del Interior, los detenidos de la operación Pipas actuaban en todo el territorio estatal, especialmente en la zona de Levante, Catalunya, Madrid, Canarias y Andalucía y tenía ramificaciones en Rumania, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Irlanda del Norte, República Checa y Turquía.

‘Personas normales’ El máximo responsable de la trama es un padre de familia rumano de 50 años, que la dirigía desde Alaquas (Valencia). La red operaba a nivel internacional y recibía un importante número de datos de tarjetas bancarias obtenidos fraudulentamente.

Cabe significar que el líder de la red vivía con su esposa, también rumana, y tienen un hijo en común. Los tres llevaban una vida en apariencia normal con el niño escolarizado y la mujer se encuentra embarazada por segunda vez. Evitaban llevar una vida ostentosa para no despertar sospechas, por lo que estaban desprovistos de una residencia lujosa o coches caros. Se sospecha que acumulaban posesiones y fondos en su país de origen.

‘Modus operandi’ El ‘trabajo’ de la banda consistía en colocar dispositivos en cajeros automáticos, como microcámaras y teclados falsos, con los que obtenían los números de tarjeta y los ‘pin’ de acceso. También obtenían los datos manipulando los terminales desde los que se cobraba en determinados comercios y cinco personas vinculadas a establecimientos se encuentran entre los detenidos.

Sin embargo, no siempre necesitaban de esa colaboración, ya que, en ocasiones, forzaban la entrada, sustituían el terminal por otro manipulado que retenía los datos de los clientes y, más tarde, acudían a recuperarlo. La banda de rumanos asentada en el Estado recibió un importante número de datos pertenecientes a tarjetas de las que había obtenido los datos en EE.UU. y Canadá por este método, informaron fuentes de la investigación.

Una vez con esos datos en su poder, los rumanos fabricaban tarjetas falsas en ocho laboratorios clandestinos, registrados por la Policía, y vendían el ‘plástico’ a otros grupos asentados en el Estado español y en el extranjero.

Para asegurar el uso de las tarjetas robadas, la banda fabricaba también documentos de identidad falsos en tres laboratorios. Los especialistas en en el robo de numeraciones y análisis de las terminales de pago con tarjeta integraban una célula en Valencia, mientras que en Málaga residía un grupo de expertos en obtener los datos de los usuarios de los cajeros automáticos.