El II Plan Vasco de Inmigración refuerza la responsabilidad de ayuntamientos y diputaciones en la acogida a estas personas

vitoria. Euskadi emprendió un camino sin retorno con el inicio del milenio. La llegada masiva de inmigrantes transformó, y aún hoy sigue transformando, la sociedad, proporcionando una fuerza de trabajo y un relevo generacional que los poderes públicos tratan de gestionar desde el desconocimiento de un fenómeno sin precedentes. Con la experiencia que dan ocho años de acogida a gentes venidas de fuera, el Parlamento Vasco dio ayer el visto bueno al II Plan Vasco de Inmigración 2007 – 2009, una herramienta que hace hincapié en un camino básico e imprescindible para la integración: el acceso a la vivienda.

Los inmigrantes que llegan a Euskadi saben que trabajo y vivienda conforman una especie de serpiente que se muerde la cola. Sin empleo no se puede acceder a una vivienda, sin estar empadronado no se puede acceder al mercado laboral. Por ello, todos los grupos votaron por unanimidad una propuesta de resolución del PSE que apuesta por favorecer el empadronamiento de los extranjeros como primer paso para su integración en la sociedad vasca. “Se trata de que a los inmigrantes se les atribuya el sello de ciudadanía, que adquieran visibilidad”, explicó la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta.

El empadronamiento social, que muchos ayuntamientos vascos ya practican de oficio, se convertirá así en una política común en Euskadi para regularizar a los inmigrantes, pues es la única herramienta para cuantificar el número de extranjeros no comunitarios que viven en el País Vasco. El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ya ha emprendido, de hecho, una campaña de empadronamientos que tendrá continuidad “en marzo o abril”, según el consejero Javier Madrazo.

Todos los grupos coincidieron en que el acceso al empleo es la llave imprescindible para que los inmigrantes formen parte de la sociedad en igualdad de condiciones. Así, el empadronamiento permitirá acceder al mercado laboral a aquellos inmigrantes que ahora subsisten gracias a los recursos sociales de municipios y diputaciones, y que conformando un 4% de la población suponen un 30% del gasto asistencial.

En materia de vivienda, el plan pretende llevar a cabo “una política normalizada, sin vías excepcionales, que exija a los inmigrantes los mismos requisitos que a los demás” a la hora de acceder a un piso. Eso sí, el departamento adoptará medidas extraordinarias en casos de exclusión social.

El trabajo codo con codo con la red de base municipal, y con otros organismos como Heldu o Ikuspegi es para el tripartito la única vía para lograr ese acceso al empleo y la vivienda, y es una de las principales aportaciones del plan con respecto a su predecesor. Se persigue de esta manera que las instituciones que trabajan a pie de calle con los inmigrantes puedan seguir haciéndolo respaldados por un marco legal superior y de forma coordinada.

Aportación al PIB En todo caso, el plan, que cuenta con una partida de 96 millones de euros, divide sus esfuerzos en diferentes áreas que abarcan desde la educación, el acceso a la sanidad o el intercambio cultural, hasta la difusión entre la ciudadanía y los propios inmigrantes de sus objetivos. La política interinstitucional se extenderá asimismo al propio Gobierno Vasco. Madrazo explicó que los 96 millones de euros que se invertirán en los próximos dos años saldrán de los presupuestos de los departamentos de Sanidad, Educación, Justicia o Vivienda.

El consenso fue la nota predominante en la Comisión de Trabajo y Acción Social, pese al encontronazo protagonizado por el consejero y el Partido Popular, y de hecho el texto definitivo del plan recoge todas las aportaciones del PSE, una de Aralar y siete del PP. De entre las modificaciones de los populares que fueron aceptadas destacan la propuesta de elaborar un estudio económico sobre la aportación de los inmigrantes al PIB vasco, o el fomento de la solidaridad. El tripartito rechazó, por su parte, la propuesta del PP de “luchar contra determinados rasgos supuestamente culturales que suponen una discriminación de la mujer”.