La Subdelegación del Gobierno y el Concello de Pontevedra coordinarán medidas ante el conflicto

El clima de confrontación que se respira desde hace ya casi quince días en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro, por la llegada de tres familias del poblado de O Vao – conocido supermercado de la droga – , ha hecho que las Administraciones den un giro en la gestión del conflicto.

Si antes parecía que los dispositivos policiales iban encaminados a la vigilancia de los chabolistas, ahora estarán destinados a «evitar a conflitividade e que non se altere a convivencia», en palabras del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Hace apenas unos días el regidor nacionalista prometía «medidas de vixilancia e control» con la intervención de la Policía Local, al tiempo que destacaba los problemas de «seguridade» que suponía la llegada de los gitanos de O Vao y anunciaba que solicitaría información sobre los realojados. « Quizá houbo algún malentendido – dijo ayer – . O meu interese era coñecer en profundidade a problemática que podían supor estos realoxos, pero sempre para evitar posibles conflitos veciñais».

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, y el alcalde pontevedrés se reunieron ayer para abordar medidas que «rebajen la tensión». «Cualquier conflicto puede ser un riesgo para la seguridad y la convivencia», dijo el subdelegado al término del encuentro.

Los socios de gobierno del nacionalista Fernández Lores coincidieron ayer en que la prioridad, ahora, es evitar enfrentamientos y brotes de xenofobia. Teresa Casal, teniente de alcalde socialista, mostró su preocupación «polos prexuízos ao colectivo xitano de Monte Porreiro, exposto a unha situación crecente de enfrontamento cos seus veciños».

El subdelegado del Gobierno lanzó un mensaje claro a los vecinos, que amenazan unos con crear patrullas ciudadanas para investigar a los realojados, y otros para protegerlos. «No es labor de los vecinos realizar investigaciones de tipo criminal», dijo, así como que serán las fuerzas de seguridad las que actúen «si se produce alguna falta o delito por parte de algún miembro de estas familias».

Sin noticias de la Xunta

La socialista Teresa Casal hizo un llamamiento a los departamentos de Vivenda y Vicepresidencia para que se reúnan con los municipios implicados en los realojos. «É inadmisible – dijo – que, chegados ao actual nivel de conflictividade social, non se teña xa mantida unha reunión ao máximo nivel».

El gobierno local de Poio asegura que en enero solicitó a Vicepresidencia un plan de integración que coordinara la atención social de las familias en los distintos concellos y evitase así invasiones de competencias municipales.