bilbao. “¡Se ha rendido!”, exclamó el abogado de Harresiak Apurtuz al salir de la sala de vistas de la Audiencia de Bizkaia después de que la empresaria imputada por estafar a 14 inmigrantes aceptara el acuerdo del Ministerio Fiscal, por el que ha sido condenada a 18 meses de cárcel, a devolver el dinero (7.550 euros) y a abonar una multa de 1.800 euros. Los afectados aseguraron que están “muy contentos” con la sentencia, que es firme.

Pero ellos sólo son 14 de los 61 extranjeros que hace dos años y medio denunciaron públicamente a través de la Coordinadora de ONG de Euskadi, Harresiak Apurtuz, que habían sido estafados por una empresaria, dos abogadas y una falsa ONG durante el proceso de regularización extraordinario abierto en 2005. A todos les cobraron entre 600 y 1.500 euros por tramitarles unos papeles que jamás llegaron.

Carla Sandra Santos Morgado era una hostelera que en el momento de los hechos tenía “dos o tres bares” que traspasó después de estafar a los inmigrantes extranjeros, la mayoría de ellos africanos recién llegados a Bilbao, explicó el letrado de la acusación particular, José Ángel Esnaola.

A todos les engañó del mismo modo: puso carteles con una oferta laboral en la calle San Francisco y alrededores (donde ella tenía los bares). Los extranjeros llamaron y ella les prometió un trabajo en barra o en cocina a cambio de entre 800 y 1.200 euros por tramitar el permiso de residencia. Es decir, ir a la Subdelegación de Trabajo para finalizar el proceso de regularización, que exigía un contrato laboral y un certificado de empadronamiento.

Ahora Carla Sandra Santos deberá devolver en doce mensualidades de 630 euros los 7.550 euros que les robó. El martes ya ingresó 400 en la cuenta del juzgado como muestra de buena fe. Si devuelve el dinero, si paga la multa y si no comete otro delito en los próximos tres años evitará entrar en prisión.

precedente Esta sentencia crea un precedente en este tipo de casos, que han proliferado en los últimos años. El pasado mes de setiembre una abogada bilbaina fue absuelta de un delito de estafa al cobrar alrededor de 600 euros a más de cien inmigrantes navarros para tramitarles los papeles a pesar de que, según la acusación particular, la letrada era perfectamente consciente que no iban a conseguir los documentos. Sin embargo, los afectados aseguraron durante la vista oral que ella les había “prometido” que regularizaría su situación.

El caso que tuvo lugar ayer es el primero de cuatro juicios de un mismo proceso penal en el que se han visto afectados 61 inmigrantes. El próximo martes la Audiencia de Bizkaia juzgará a la abogada María Carmen Formoso por otro delito de estafa, pero ella no está dispuesta a llegar a un acuerdo, aseguró el abogado de la acusación particular. Como la letrada absuelta en setiembre, desde Harresiak Apurtuz imagina que María Carmen Formoso luchará con todas sus fuerzas por una absolución. “El próximo juicio será mucho más difícil para nosotros”, añadió Esnaola. Pero esta vez cuentan con un motivo de peso a su favor: el Colegio de Abogados de Bizkaia se presentará como acusación particular.

La implicada en el tercer caso pendiente, que todavía no tiene fecha, es otra abogada. Y en el cuarto caso, archivado de momento por falta de pruebas, la imputada es una falsa ONG. “Sólo teníamos un afectado, pero poco a poco nos han ido llegando más víctimas, por lo que queremos reabrir el caso al acumular las pruebas necesarias”, explicó Celina Pereda, de SOS Racismo Bilbao.

papeles para todos El acuerdo al que llegaron ayer supone una sentencia firme, ya que la defensa dijo que no iba a recurrir, por lo que la Administración española debería documentar automáticamente a todos los afectados al haber colaborado con el Estado en la resolución de un delito cometido por un nacional.

Desde Harresiak Apurtuz exigieron que estas personas “deben ser documentadas para que cesen de una vez por todas las trabas que se han puesto desde el principio en este proceso, que han aumentado la situación de vulnerabilidad de los estafados”. La Coordinadora de ONG de Euskadi también recordó la “valentía” de los afectados al atreverse a denunciar la estafa en comisaría aun sin tener su situación regularizada.

El argelino Mohamed Otmani explicó que la acusada les prometió traerles a todos los papeles, “pero se llevó el dinero y dejó a la gente perdida”. Él le pagó 1.200 euros. Quiso agradecer ante los medios de comunicación presentes en el juicio el “gesto” de Harresiak Apurtuz por hacerse cargo de todo el proceso penal “porque solos no podríamos haber llegado hasta aquí”.

la sentencia

· Es firme. La fiscalía propuso un acuerdo, la acusada lo aceptó y la acusación particular estuvo conforme.

· Condena. A 18 meses de cárcel, la devolución total del dinero (7.550 euros en doce cuotas mensuales de 630 euros) y una multa de 1.800.

· Prisión. La imputada podrá evitar la cárcel si devuelve el dinero, paga la multa y no comete otro delito en un periodo de tres años.

las frases

“El próximo juicio será más difícil porque nos enfrentaremos a una abogada que luchará”

josé ángel esnaola

Abogado de la acusación particular

"Pensamos reabrir otro caso que incumbe a una falsa ONG que estafó a más gente "

celina pereda

Miembro de SOS Racismo