POR LUIS DE VEGA CORRESPONSAL

RABAT. Muchos de los miles de emigrantes cristianos que se desplazan por el norte de África encuentran a menudo dificultades para practicar su religión. En grandes ciudades como Rabat o Casablanca es posible acudir a misa, pero no cabe duda de que los países del Magreb tratan de imponer el Islam como única religión.

El sacerdote Pierre Wallez, de la diócesis argelina de Orán, está considerado como la primera víctima de la normativa presidencial que entró en vigor en ese país el 28 de febrero de 2006 para regular los cultos de los no musulmanes.

Un tribunal le acaba de condenar a dos años de cárcel por celebrar misa en un lugar «no reconocido ni autorizado», explica a ABC el padre Jean Paul, compañero de diócesis de Wallez.

Wallez, que lleva 35 años en Argelia, fue detenido junto a un médico argelino el pasado 9 de enero cuando regresaban de asistir a los emigrantes clandestinos que se concentran en los alrededores de Maghnía, al sur de Orán. «Nunca imaginábamos que esa normativa podía aplicarse a los emigrantes que habitan esos bosques», añade Jean Paul.

La última etapa en Argel

El campamento de Maghnía es conocido desde hace años como última etapa argelina de los «sin papeles» antes de dar el salto, campo a través, hacia el vecino Marruecos. Hasta esos bosques se desplazaba desde hacía una década Wallez a celebrar misa y rezar con los emigrantes cristianos. Ese tipo de celebraciones son también habituales en los asentamientos de subsaharianos del reino alauí.

El obispo de Orán, Alphonse Georger, emitió un comunicado el 31 de enero en el que asegura que «desde 1999, los miembros de la Iglesia católica de Orán visitan regularmente a los emigrantes subsaharianos asentados cerca de Maghnía», algo que sabían bien las autoridades, que ordenan redadas regularmente. «Difícilmente vemos en qué lugar autorizado pueden practicar su religión los emigrantes sin papeles que viven en plena naturaleza».

La necesidad de prestar también asistencia médica a los emigrantes les llevó a entrar en contacto con el facultativo, que trabaja en la unidad de urgencias del hospital de Maghnía. La Justicia acusa al médico de atender a los emigrantes con material de ese centro, por eso le ha condenado también a dos años de prisión.

«Las acusaciones contra este médico no tienen ningún fundamento ya que todos los medicamentos han sido sufragados por la Iglesia católica a título de ayuda humanitaria», insiste el obispo en el comunicado.

Las dos sentencias han sido recurridas aunque aún no hay fecha para el juicio en apelación.