El pasado fin de semana la Brigada de Extranjería y Documentación identificó a 1.340 personas y detuvo a 141 extranjeros por estancia ilegal tras registrar 17 locales frecuentados por inmigrantes en los distritos de Usera, Villaverde, Carabanchel, Centro, Tetuán, Arganzuela y Latina. Algunos de los garitos son escenario continuo de reyertas y altercados y otros son focos de delincuencia Un total de 140 extranjeros ilegales detenidos y 1.340 identificados. Son las espectaculares cifras de la mayor redada efectuada en la región contra ciudadanos extranjeros y que se desarrolló el pasado sábado de madrugada en locales de copas de siete distritos madrileños. La intervención, coordinada por la Brigada Provincial de Extranjería, se desarrolló en los distritos de Usera, Villaverde, Centro, Carabanchel, Arganzuela, Tetuán y Latina. Otras 50 personas fueron trasladadas a comisaría para su identificación, ya que en el momento de los cacheos no pudieron acreditar que su situación era legal.

En el dispositivo policial intervinieron más de 200 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal. Estos últimos denunciaron a 15 de los locales por infracción en materia de espectáculos públicos. También fueron expedientados ocho de los 17 locales al descubrirse menores de edad entre sus clientes.

Asimismo, una persona fue detenida por resistencia a la autoridad, cinco personas fueron sancionadas por tenencia de estupefacientes y a dos jóvenes se les levantó acta por llevar armas blancas ilegales (de más de 11 centímetros de longitud).

El objetivo de esta intervención era acudir a locales de copas donde se estaban produciendo reyertas y altercados y controlar la legalidad de los establecimientos. Muchos de estos pubs sólo tienen permiso para abrir hasta las 03.00 horas y no cierran hasta las 06.00. También sobre alguno de ellos existen denuncias de asociaciones de vecinos o informes policiales de que son posibles focos delincuenciales.

A los propietarios de los locales les costó entender esa argumentación, sin embargo, todos colaboraron con la policía. El dueño de uno de los pubs se quejó a la policía por el acoso al que se ven sometidos. «Es la cuarta vez que nos inspeccionan en tres años y estamos en regla. Lo que nosotros no podemos hacer es controlar si la gente tiene o no papeles», señaló.

De los detenidos la mayoría eran de nacionalidad boliviana (66). Le siguen los ecuatorianos (19), dominicanos (17) y colombianos (9), brasileños (6) y venezolanos (4).

Los locales registrados fueron los siguientes. En Arganzuela: Europa Latina, calle de Sebastián El Cano; Kato, paseo de Los Olmos, y Pub Girafa Roja, en la calle de Santa María de la Cabeza.

En Carabanchel: Munca – Munca, en la avenida de Carabanchel Alto y Arsenal, en la calle de Esteban Arteaga.

En La Latina, Cottón, calle de Maqueda; Fuego Fuego, en la avenida Padre Piquer; Drimagos Latino, en la calle de Fuentesauco y Mi Pueblo, en la calle de Ocaña.

En el distrito centro se inspeccionaron Jalala, en la calle de La Puebla, y Siglo Tropical, en la calle de Costanilla de los Angeles.

En los distritos de Usera y Villaverde los agentes registraron el Icaro, en la calle de Gabriel Usera y Pensión Latina, en la calle de José Anespere.

Por último, en Tetuán la Policía pasó por La Esquinita Caribeña, en la calle de Almansa; Boy Boy, también en la calle de Almansa; Casablanca, en Orense 18 y Sueños en la calle de San Enrique. Varios de estos locales se encuentran en los bajos de Orense y son frecuentados por decenas de jóvenes los fines de semana.

La operación empezó en Usera y continuó simultáneamente por diversos locales de Arganzuela y Centro donde se reúnen inmigrantes suramericanos. Los últimos registros se efectuaron en las discotecas de los bajos de Orense.

Se desplegaron en todas las actuaciones agentes de la UIP (Unidad de Intervención Policial), Centauros, funcionarios de las comisarías y agentes de la Policía Municipal de los distritos afectados.

Provistos de material antidisturbios, decenas de agentes irrumpieron en los locales. La música se detenía. «Atención. Habla la Policía… Enciendan las luces. Que nadie se mueva». Los agentes repetían por megafonía: «Tengan la documentación en la mano y entréguensela al agente cuando se la pidan».

Los clientes, la gran mayoría inmigrantes bolivianos, se agolparon contra las paredes custodiados por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Había miradas desconfiadas y recelosas, otras de miedo y algunas de absoluta tranquilidad… Los policías comenzaron los cacheos con sutileza. Nadie protestaba. Los funcionarios de Policía comprobaban, por un lado, si algún sujeto portaba armas blancas o sustancias estupefacientes o bien si tenía pendiente una orden de busca y captura o una reclamación judicial. También revisaban los visados y pasaportes para certificar que estuviesen en regla.

Quienes pasaban la primera criba eran autorizados a regresar a sus domicilios («Yo soy legal…» salían diciendo, medio sorprendidos, medio bromeando, dos españoles que se encontraban en uno de estos locales).

Hubo muchas personas que no pudieron acreditar en el momento de la redada que tenían documentos de residencia. Fueron llevados a comisaría mientras algún familiar les buscaba su documentación. Llamó la atención como algunos que no llevaban la documentación consigo pedían a sus compatriotas que fueran a recogerla a su piso. «Hoy precisamente me estaba arreglando los papeles la abogada», repetían mucho de ellos.

Los que definitivamente carecían de papeles fueron trasladados a la Unidad de Extranjería para tramitar su expulsión. Todos desfilaban con las manos en la cabeza y embarcaban en los furgones, custodiados por antidisturbios, para recalar en las dependencias policiales. A las 06.00 horas la operación se daba por terminada.

El balance final del dispositivo, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, fue de 141 detenidos en aplicación de la Ley de Extranjería, por estar en situación irregular, así como 50 trasladados a dependencias policiales a efectos de identificación.

De los 17 locales inspeccionados a 15 se les levantó acta por infracción en materia de espectáculos públicos. Cuatro de los locales tenían exceso de aforo y el resto carecían de algunos de los documentos exigidos. En cinco de ellos se encontraron a menores y tres tenían deficiencias en materia de seguridad.