J. L. J.

SANTIAGO. Suma y sigue la campaña de acoso del alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, contra el realojo de tres familias gitanas procedentes del poblado de O Vao (Poio). Ayer protagonizó un nuevo episodio, al aprobar junto a sus socios del PSOE una declaración institucional en contra de que estas familias se instalen en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro, después de la demolición de sus viviendas en Poio.

En el texto aprobado por la coalición de gobierno, socialistas y nacionalistas justifican su rechazo a la presencia de éstas familias en Pontevedra para «preservar el actual clima de integración social y de convivencia», y añaden que la barriada de Monte Porreiro «no es un lugar adecuado para ubicar más viviendas con destino social».

Esta era la intención del Concejo de Poio, gobernado por el también nacionalista Luciano Sobral, al derribar varias chabolas en el poblado gitano de O Vao. Paralelamente, adquirió un edificio en el citado barrio pontevedrés, con 700.000 euros de ayudas de la Consellería de Vivenda, para el realojo de los afectados, a lo que ahora se niegan los vecinos, el alcalde y sus socios.

Denegado por «ilegal»

La pasada semana, Fernández Lores llegó a reclamar a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra el certificado de antecedentes penales de los miembros de las familias gitanas, petición que le fue denegada por «ilegal». La campaña de acoso ha llegado incluso al extremo de cortar el agua a estas familias para forzar su marcha, apoyándose también en el rechazo abierto de los vecinos de Monte Porreiro, dispuestos a usar «la fuerza» para evitar convivir con estos nuevos inquilinos. El próximo corte será de luz, avisan.

En la declaración institucional aprobada ayer con el voto contrario del PP, el equipo de gobierno pontevedrés se permite incluso el lujo de dirigirse a la Subdelegación del Gobierno «para que extreme las medidas preventivas de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la convivencia».

Por su parte, desde las asociaciones gitanas anuncian que pondrán en funcionamiento grupos humanos de este colectivo para «proteger» a los vecinos realojados.