Son pocos los que hoy en día pueden esquivar los efectos de la desacelaración económica. Sin duda esta afecta siempre con más intensidad al que menos posibilidades y apoyo familiar encuentra cuando atraviesa una situación crítica. Y en ese extremo, figuran en masa los inmigrantes.

La Asociación de Amas de Casa Tyrius, que dispone de un servicio de asesoramiento a inmigrantes, alertó ayer del incremento de extranjeros que alquilan una cama sobre la que descansar o bien se ven obligados a vivir hacinados en viviendas de reducidas dimensiones.

La primera de las modalidades para estas personas sin recursos consiste en lo que se conoce como camas calientes porque en el mismo instante en que el inquilino despierta otro está a la espera para acostarse. De tal forma, que las sábanas nunca llegan a enfriarse.

Según las informaciones de las que dispone la entidad, son suramericanos principalmente quienes recurren al alquiler de los colchones. Desde Tyrius alertan, además, que se utilizan las mismas sábanas para todos los inquilinos.

El arrendamiento de una cama se produce por un periodo de ocho horas de tal forma que al menos dos de ellos tienen que dormir por las mañanas o tardes adaptando su horario de descanso al de trabajo.

Un modelo diferente, pero con igual grado de precariedad, son los conocidos como pisos patera. En este caso no se comparte la cama – cada uno dispone de un sitio donde dormir – pero todos los inquilinos se encuentran hacinados en unos 50 metros cuadrados aproximadamente.

Existen pisos pateras más amplios, pero también ocupados por más personas, con lo que el espacio no aumenta. En estas viviendas se hacen turnos para cocinar e ir al baño. Según Tyrius, los subsaharianos y rumanos son los que más padecen esta situación.

La misma asociación cifra en 30 euros a la semana el precio que cada uno de los inquilinos debe abonar al dueño. En todos estos casos se trata de propietarios “sin escrúpulos” que se aprovechan de las carencias de estos inmigrantes para obtener beneficio económico. Se dan casos de dueños de estos pisos tanto españoles como extranjeros.

Hay que tener en cuenta que cuando los inmigrantes llegan a la Comunitat, en demasiadas ocasiones, no pueden permitirse el acceder a una vivienda. Por eso recurren, aconsejados por otros compatriotas, a vivir de esta forma. “La mayoría de los apartamentos son casas insalubres y con graves problemas de higiene”, según Tyrius.

La asociación explica que los vecinos de estas fincas, en muchas ocasiones, no denuncian esta situación para no condenar a los inmigrantes a tener que pasar las noches a la intemperie. Pero tampoco los inmigrantes denuncian el hacinamiento al que se ven sometidos ni donde residen “por miedo”, aunque sí detallan en qué condiciones.

A esto hay que sumar la desconfianza de muchos propietarios que muestran reticencias a la hora de alquilar su vivienda a un extranjero, lo que todavía complica más que puedan acceder a una casa en condiciones.

La asociación que agrupa a las amasa de casa de la Comunitat indicó que estos problemas de hacinamiento se concentran especialmente en tres barrios de Valencia: Ruzafa, Orriols y el Carmen.

En la mayoría de los casos se trata de extranjeros que carecen de ingresos estables y la mayoría trabaja en el campo o la construcción. Al no tener ingresos todos los meses tampoco se atreven a comprometerse con un alquiler por miedo a ser desahuciados cuando no puedan hacer frente al pago.

Recientemente en Burjassot se detectó un piso patera en el que vivían una veintena de inmigrantes. El Ayuntamiento dijo que investigaría el empadronamiento de estos vecinos. En el barrio de Torrefiel de Valencia, también se descubrió el pasado año a 30 inmigrantes indios que dormían en una misma casa.

El hacinamiento en los pisos es una circunstancia aparejada al fenómeno de la inmigración. De hecho, la Policía Local ha intensificado el rastreo de este tipo de viviendas en los últimos años.

Las altas en el padrón han servido para alertar al Ayuntamiento de situaciones inusuales en algunas viviendas de la ciudad. El empadronamiento masivo en un domicilio indica dos cosas, el hacinamiento de grupos de inmigrantes o los registros falsos para pedir permisos de residencia.

En estos casos, el servicio del padrón avisa a la Policía Local, que en caso de empadronamiento falso avisa a la Delegación del Gobierno, competente en la gestión de los papeles de residencia.

En el supuesto de que sea real el registro, entonces entra en acción Sanidad, que debe determinar las condiciones de salubridad de la vivienda.

El Ayuntamiento encargó recientemente a sus servicios jurídicos que buscaran fórmulas adecuadas para limitar los empadronamientos de más de 15 personas en una misma vivienda.

“Legalmente nosotros no podemos impedir que un individuo se empadrone en una casa, aunque ya existan muchas más viviendo y terminen hacinadas”, explicó en su día el concejal Vicente Igual.

El Consistorio de Valencia no cesa de tramitar mes tras mes expedientes de inmuebles que están habitados por 10, 15, 20 y hasta 25 personas. “Tramitamos un expediente de salubridad y cuando la Policía actúa en la vivienda ya no queda nadie. Son situaciones que se suceden constantemente y para reducir tiempo y dinero estamos estudiando cómo actuar legalmente”, afirmó Igual.

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